Traductores legales e intérpretes judiciales denunciaron nuevas medidas implementadas por la Procuraduría General de la República, que califican como “absurdas”. Según los profesionales, estos cambios frenan el proceso de legalización de documentos y aumentan el tiempo de respuesta para quienes requieren el servicio.
Los traductores legales se identificaron como Alberto Gómez y Luis Manuel Pérez Guzmán, quienes tienen más de 25 años de experiencia y son propietarios de las empresas Dragoman Traducciones y Tralega. Ambos afirmaron que el Departamento Legal de la Procuraduría no tiene facultad para revisar el contenido de los documentos.
«Esta medida no está amparada bajo ninguna ley que la sustente. El rol del Departamento de Legalizaciones de la Procuraduría es certificar las firmas tanto de los traductores legales como de los notarios, para eso es que están facultados», sostuvo Gómez durante una rueda de prensa.
Los denunciantes explicaron que estas medidas afectan directamente a los usuarios, incluyendo casos simples como la legalización de un acta de defunción extranjera. También señalaron que la apostilla únicamente certifica la validez del firmante, no el contenido del documento, por lo que la misma lógica debería aplicarse al certificar firmas de oficiales de la justicia.
A su juicio, la disposición genera retrasos innecesarios y complicaciones para inversionistas y ciudadanos.
Gómez y Pérez Guzmán esperan que la Procuraduría rectifique la medida lo antes posible. Recalcaron que los intérpretes judiciales están debidamente avalados como oficiales de la justicia dominicana y que los procedimientos deben respetar las leyes que exigen traducciones al español.