El pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se encuentra deliberando sobre la recusación presentada contra la jueza de instrucción especial Isis Muñiz, responsable de conocer la medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10,000 dólares.
La audiencia se desarrolla en cámara de consejo, luego de que el magistrado Francisco Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala de la Suprema, analizara el expediente y emitiera una recomendación técnica al pleno. Su designación fue realizada mediante auto administrativo por el presidente de la SCJ, Henry Molina.
La defensa del imputado, encabezada por los abogados Alberto Delgado y Valentín Medrano, sostiene que la magistrada Muñiz ha comprometido su imparcialidad, ya que previamente autorizó diligencias investigativas claves, entre ellas la «entrega vigilada» del dinero del supuesto soborno.
Aunque la jueza rechazó inhibirse de manera voluntaria, el procedimiento legal establece que, ante una recusación, el caso debe ser elevado al pleno de la Suprema para decidir si se mantiene a la magistrada en el proceso o si se designa a otro juez para conocer la medida cautelar.
La decisión que adopte la SCJ será determinante para el curso del expediente contra el fiscal Valdez Alcántara, quien estaba adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).