El pleno de la Suprema Corte de Justicia se declaró incompetente para decidir si la magistrada Ysis Muñiz Almonte debe continuar o no en el proceso de medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares.
Ante esta decisión, los jueces dispusieron enviar el expediente a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que será la instancia encargada de dar continuidad al caso.
El proceso está relacionado con la solicitud de medida de coerción contra el imputado, para quien el Ministerio Público ha pedido un año de prisión preventiva, tras ser arrestado en flagrante delito a finales de febrero.
Según la investigación, Valdez Alcántara habría exigido inicialmente 200 mil dólares a una persona bajo investigación, monto que luego habría reducido a 150 mil dólares durante una negociación.