WASHINGTON, D.C.- La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes al Gobierno de Donald Trump a avanzar con su plan de despidos masivos en el Departamento de Educación, decisión que revierte una orden previa de un juez federal. La mayoría conservadora del máximo tribunal, sin explicar los motivos, aceptó una solicitud de emergencia presentada por la administración, bloqueando así el fallo judicial que había frenado el recorte.
La jueza liberal Sonia Sotomayor emitió una fuerte disidencia: “Cuando el Ejecutivo anuncia públicamente su intención de violar la ley, y luego ejecuta esa promesa, es deber del Poder Judicial frenar esa ilegalidad y no facilitarla”, escribió. “La mayoría de la Corte está, o bien deliberadamente ciega ante las implicaciones de su fallo, o es ingenua. De cualquier modo, la amenaza a la separación de poderes de nuestra Constitución es grave”, agregó. Añadió que esta decisión “premia la clara desobediencia de la Constitución”.
Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, que representa a la coalición que presentó la demanda, calificó el fallo como “devastador” para la educación pública. “En su expediente de emergencia, la Corte ha revertido decisiones de dos tribunales inferiores sin argumentación. Es decepcionante, pero las acciones de la administración de Trump-Vance para desmantelar un departamento creado por el Congreso siguen siendo inconstitucionales”, afirmó.
Caso Particular del Departamento de Educación
El caso del Departamento de Educación es distinto al de los recientes despidos masivos en varios organismos gubernamentales aprobados por la Corte la semana pasada. En este tema, el juez federal Myong Joun, del distrito de Massachusetts, determinó en su fallo del 22 de mayo que la verdadera intención del Ejecutivo “es desmantelar el departamento sin una ley que lo autorice”.
Al asumir la presidencia, Trump firmó una orden ejecutiva instruyendo a su equipo a “tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación”. La secretaria de Educación, Linda McMahon, ordenó entonces los despidos masivos y señaló en un memorando que su objetivo último era “cerrar el Departamento”, acción que carece de autorización del Congreso.
El abogado del Gobierno, D. John Sauer, presentó argumentos ante la Corte alegando que el decreto de Joun interfiere con la autoridad del presidente de administrar las agencias federales. También cuestionó la legitimidad de los demandantes —estados, distritos escolares y sindicatos—, argumentando que no tienen capacidad legal para impugnar la medida. Sauer reconoció que el plan de reducción involucra a 1,378 empleados, y sostuvo que el Gobierno dejó claro que no buscaba eliminar el Departamento por completo, aunque ese es el deseo de algunos legisladores republicanos. Aun así, admitió que solo el Congreso tiene la facultad de cerrar una agencia federal.
Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, sostuvo en documentos judiciales que los demandantes demostraron que el plan de Trump es “arbitrario y caprichoso, contrario a la ley y anticonstitucional”. También señaló que la reducción en la fuerza laboral “elimina indebidamente equipos que realizan tareas legalmente mandatadas, sin considerar ni proveer mecanismos alternativos para cumplir esas funciones”. James añadió que la medida “viola restricciones legales que impiden al secretario redistribuir, consolidar, modificar o eliminar funciones estatutarias dentro del Departamento”.