SANTO DOMINGO.- De los 41 recintos penitenciarios del país, solo cinco cuentan con pabellones habilitados para atender a 436 privados de libertad diagnosticados con alguna condición de salud mental. Menos de la mitad de esa población recibe tratamiento especializado en entornos adecuados, mientras el resto permanece en celdas comunes sin atención psiquiátrica constante.
La situación refleja una crisis creciente en el sistema penitenciario y sanitario. En los últimos meses, varios hechos violentos vinculados a personas con posibles trastornos mentales han conmocionado a la opinión pública, como el asesinato de una niña de seis años en Hainamosa o el de un niño de un año y ocho meses en Higüey, presuntamente a manos de su padre.
Ni el Ministerio de Salud Pública ni las universidades han realizado estudios científicos o genéticos para identificar las causas de estas conductas, lo que limita la creación de políticas preventivas. En muchos casos, las personas con esquizofrenia o paranoia son procesadas judicialmente sin recibir un tratamiento adecuado.
De los 436 internos diagnosticados, solo 127 se encuentran recluidos en los pabellones especializados de El Pinito (La Vega), Najayo Hombres, Najayo Mujeres, La Victoria y San Pedro de Macorís. Los demás permanecen en áreas regulares donde las condiciones son precarias. “Existe un trato humano, pero con muchas carencias. Los espacios no tienen las condiciones óptimas”, admitió un representante del sistema penitenciario.
Advertencias de expertos
Expertos advierten que los procedimientos judiciales contemplados en el Código Penal no garantizan una atención diferenciada ni la rehabilitación efectiva de estos internos. “Sanos, trastornados y dementes están todos mezclados”, señaló un especialista.
Aunque la Ley 12-06 sobre Salud Mental y la Ley General de Salud reconocen la salud mental como una prioridad y protegen los derechos de las personas con trastornos, su aplicación en los centros penitenciarios sigue siendo deficiente.
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la Oficina Nacional de Apoyo a las Reformas Penitenciarias celebró un foro con expertos nacionales e internacionales para analizar el problema y proponer soluciones.