OPINIÓN, ANDRÉS A. AYBAR BÁEZ PARA 7 SEGUNDOS MULTIMEDIA.- Imaginemos por un momento una escena imposible.
Rafael Leónidas Trujillo y Joaquín Balaguer despiertan en la República Dominicana de 2026. No conocen los teléfonos inteligentes, las redes sociales ni los grupos de WhatsApp. Tampoco reconocen ese Santo Domingo que se extiende mucho más allá de la ciudad que gobernaron.
Los montamos en un vehículo y comenzamos a recorrer el país.
Muy probablemente, después del asombro inicial ante las torres, los elevados, el Metro, los grandes centros comerciales y la cantidad de vehículos, empezarían las preguntas.
—¿Y por qué hay tantos tapones?
Un poco más adelante:
—¿Por qué hay barrios donde todavía falta agua?
Después vendrían las cañadas, la basura, las construcciones desordenadas, la inmigración irregular, los hospitales congestionados, la inseguridad, el tránsito, los apagones ocasionales, el costo de la vida y esa sensación que muchas veces tiene el ciudadano de que para resolver un problema sencillo necesita conocer a alguien.
Ahí comenzaría lo verdaderamente interesante.
Porque Trujillo y Balaguer probablemente identificarían muchos de los mismos problemas, pero los enfrentarían de maneras muy diferentes.
Trujillo preguntaría inmediatamente quién es el responsable.
No convocaría demasiadas mesas de trabajo ni tendría mucha paciencia para escuchar explicaciones administrativas. Querría nombres, fechas y resultados.
Si encontrara una avenida ocupada irregularmente, preguntaría quién autorizó aquello. Si una institución no recoge la basura, buscaría al funcionario responsable. Si una obra está paralizada, querría saber quién la detuvo y cuándo se termina.
Y probablemente terminaría la conversación con una frase sencilla:
—Resuélvanlo.
Al día siguiente, posiblemente estaría resuelto.
Pero ahí aparece la otra cara de aquella eficiencia.
Durante la dictadura de Trujillo, la capacidad del Estado para ejecutar decisiones estuvo acompañada de represión, ausencia de libertades, persecución política y concentración absoluta del poder. El funcionario actuaba rápidamente muchas veces porque detrás de la orden no estaba solamente la autoridad del Estado: estaba el miedo.
Y ninguna democracia moderna debería querer recuperar ese precio por la eficiencia.
Balaguer sería diferente.
Probablemente permanecería varios minutos mirando por la ventana antes de decir algo.
Conocía profundamente la psicología dominicana y tenía una extraordinaria capacidad para administrar conflictos, intereses y tiempos políticos. Antes de remover a un funcionario quizás preguntaría quién lo puso allí, qué sector representa y qué consecuencias tendría sustituirlo.
Pero también tenía una característica que hoy resulta interesante recordar: le gustaba supervisar personalmente.
Durante sus gobiernos se hizo conocida aquella imagen del presidente recorriendo obras, observando carreteras, preguntando por puentes, presas, viviendas y proyectos públicos. Balaguer entendía el territorio como parte esencial del ejercicio del poder.
Si recorriera hoy Santo Domingo posiblemente se sorprendería ante algo elemental: hemos construido una ciudad para millones de habitantes sobre buena parte de una infraestructura concebida para una población muchísimo menor.
Quizás entonces haría otra pregunta:
—¿Dónde está el plan?
Y esa pregunta podría resultar más incómoda que cualquier discurso.
Porque muchos de nuestros problemas no existen por falta de diagnósticos.
Sabemos dónde se inunda.
Sabemos dónde falta agua.
Sabemos dónde están los principales puntos de congestión.
Sabemos cuáles instituciones duplican funciones.
Sabemos dónde se construye sin suficiente planificación.
Sabemos que determinadas decisiones se anuncian repetidamente y después quedan atrapadas entre estudios, permisos, intereses y burocracia.
Lo difícil no parece ser descubrir el problema.
Lo difícil es ejecutar la solución.
Ahí posiblemente Trujillo golpearía la mesa mientras Balaguer guardaría silencio.
Uno preguntaría:
—¿Quién es el responsable?
El otro quizás preguntaría:
—¿Por qué todavía no se ha hecho?
Y aunque ninguno de los dos constituye un modelo que pueda trasladarse mecánicamente a la República Dominicana actual —muchísimo menos una dictadura como la de Trujillo—, esa escena imaginaria deja una reflexión que vale la pena considerar.
Tal vez hemos confundido democracia con lentitud.
La democracia exige procedimientos, controles, transparencia, respeto a los derechos y separación de poderes. Todo eso es irrenunciable.
Pero ninguno de esos principios obliga al Estado a ser ineficiente.
Un semáforo dañado no necesita una dictadura para repararse.
Una cañada no necesita un hombre fuerte para limpiarse.
Una construcción ilegal no requiere autoritarismo para detenerse.
Un funcionario incompetente no necesita persecución para ser sustituido.
Y una institución pública no necesita miedo para cumplir con su obligación.
Necesita autoridad legítima, planificación, seguimiento y consecuencias.
Quizás esa sea la enseñanza útil que podemos extraer de aquellos dos períodos sin idealizarlos.
De Trujillo, no debemos rescatar jamás la represión ni el culto al poder absoluto, pero sí podemos preguntarnos por qué el Estado dominicano contemporáneo tiene tantas dificultades para hacer cumplir decisiones perfectamente legales.
De Balaguer podemos recordar la importancia de conocer físicamente el país, supervisar las obras y comprender que gobernar no consiste únicamente en recibir informes dentro de un despacho.
Imaginemos finalmente que, después de recorrer Santo Domingo durante todo un día, dejamos a ambos frente al Palacio Nacional.
Trujillo probablemente preguntaría cuántos funcionarios hay que cambiar mañana.
Balaguer quizás miraría hacia el Palacio, permanecería callado unos segundos y formularía una pregunta mucho más sencilla:
—¿Y quién está supervisando todo esto?
Tal vez allí terminaría nuestro recorrido.
Porque después de casi un siglo de experiencias políticas, crecimiento económico, democracia y modernización, el desafío dominicano ya no debería ser encontrar un hombre que pueda resolverlo todo.
Debería ser construir instituciones capaces de resolver las cosas aunque el Presidente no tenga que enterarse.
Ese sería el verdadero salto histórico.
No regresar al Estado de Trujillo.
No regresar al Estado de Balaguer.
Sino construir finalmente un Estado dominicano que tenga la capacidad de ejecución que aquellos gobiernos demostraron en determinados ámbitos, pero sometido a las libertades, controles y derechos que exige una democracia del siglo XXI.
Porque gobernar bien no debería depender del miedo a quien manda.
Debería depender del respeto a la ley y de la certeza de que, cuando el Estado promete algo, lo cumple.
Andrés A. Aybar Báez
Santo Domingo, República Dominicana
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