Por Eduardo Sanz Lovatón.-

Administrar el Estado en esta era de la posverdad y el populismo, es cada vez más retador. Gobernar bien, implica tomar decisiones y asumir responsabilidades. Pocas decisiones ejemplifican mejor, el valor de estadista con el que trabaja Luis Abinader, que la nueva negociación del contrato de Aerodom.

Limitar los ingresos que recibirá el Estado durante el plazo extendido de la concesión al pago inicial de 775 millones de dólares indica que no se han estudiado ni el acuerdo ni sus anexos, o se quiere hacer política para sacar provecho electoral de una negociación que en realidad dejará más de cuatro mil quinientos millones de dólares en beneficios directos al país.

La verdad es que el valor a recibir por el pueblo dominicano, gracias al acuerdo renovado, no está dado únicamente por el pago del canon inicial (775 millones de dólares), sino que está dado por la magnitud de las inversiones (830 millones de dólares) y, también, por la participación de los ingresos, que se estiman en 446 millones de dólares en un escenario de tráfico de pasajeros muy conservador. Solo la suma de esos tres conceptos superan los 2 mil millones de dólares. A esa cifra hay que añadir, a favor del Estado, el pago por concepto de impuesto sobre la renta, que en términos nominales ascendería a los 2,600 millones de dólares en el período comprendido entre 2023 y 2060.

Esto confirma que la negociación histórica con AERODOM permite maximizar el nivel de recursos para el Estado dominicano, por la administración de sus seis aeropuertos y que, además, servirá de referencia para futuras negociaciones de otras concesiones aeroportuarias y portuarias. Estas últimas que deberán ser estudiadas para establecer la verdadera rentabilidad de las mismas frente al Estado dominicano.

En medio de un crecimiento exponencial de nuestras habilidades turísticas, y habiendo puesto la logística como centro de nuevas áreas de desarrollo económico para nuestro país, como lo muestran la nueva Ley de Aduanas, la Ley de Comercio Marítimo y el Decreto 263-23, que crea el gabinete logístico, todo esto requiere una renovación de nuestra capacidad aeroportuaria.

Decir que había que esperar al 2030 para negociar el acuerdo es querer retrasar al turismo dominicano, una de las principales fuentes de ingreso de nuestro país.

Así como los aeropuertos internacionales de Punta Cana y del Cibao están expandiendo su capacidad para atender el creciente número de pasajeros que llegan a nuestro país, y tomando en cuenta que, de acuerdo a la proyección del flujo de pasajeros, para 2028 la capacidad instalada no será suficiente para atender los vuelos, era urgente e impostergable que los aeropuertos estatales, también, incrementaran su capacidad y construyeran una nueva terminal. En especial el Aeropuerto Internacional de Las Américas “Dr. José Francisco Peña Gómez” (AILA), el cual ocupa el primer lugar en registros de declaraciones aduanales, concentrando en el año 2022 el 37.4 % (298,602), superando así a todas las administraciones del país, lo que indica el alto grado de importancia en materia de comercio aéreo y gestión aduanal que representa este aeropuerto para nuestra nación.

Incluso, en cuanto a los tributos aplicados al comercio exterior, solo por el AILA se recolectan más de RD$11,700 millones por año, sumando en los primeros 11 meses de este 2023, unos RD$10,826 millones aportados al Estado a través de la Dirección General de Aduanas.

No renegociar el contrato ahora, que a todo esto, está previsto en el mismo acuerdo y permitida por las leyes de Compras y Contrataciones y de Alianzas Público-Privadas, retrasaría inversiones más que urgentes. Lo fácil hubiese sido postergar un tema espinoso, como lo es la administración de una concesión. Lo electorero habría sido, en estos meses electorales, dar un paso de torero a un tema que afecta no solo intereses políticos, sino también marcados intereses empresariales y mediáticos. Ahora, aún con esos riesgos, se pensó en luchar por el desarrollo de este país. Sigamos leyendo algunas verdades del nuevo contrato:

¿Cuál habría sido la alternativa para el Gobierno si no se sentaba a negociar con Aerodom? La única opción que tenía el Gobierno habría sido solicitar la resolución anticipada de la concesión, lo que implicaba pagar cientos de millones de dólares como compensación y exponerse quizás a un arbitraje internacional. Esto significa que, en vez de recibir un canon por adelantado de 775 millones de dólares, antes de iniciar el proceso de licitación, el flujo de caja de las finanzas públicas se hubiese deteriorado significativamente. Dado el amplio conocimiento del mercado y tener la operación de los aeropuertos propiedad el Estado, es altamente probable que en una licitación internacional VINCI Airports hubiese presentado la mejor propuesta, porque es el operador privado número uno en el mundo con más de setenta aeropuertos en 13 países.

Es decir, bajo la estrategia planteada como mejor alternativa, el nivel de ingreso neto que recibiría el Estado sería el mismo que obtuvo de la renegociación con Aerodom, menos el monto correspondiente a la resolución anticipada del contrato vigente y el costo asociado al proceso de licitación.

Además, para garantizar la transparencia el gobierno contrató la firma experta internacional ALG, que realizó una valoración de la concesión y acompañó en la negociación al gobierno. Igualmente, contó con un grupo de notables expertos en el turismo y negociaciones de este tipo que validaron los términos acordados.

Cabe mencionar que, no es inusual en el mundo de las concesiones aeroportuarias que estas se extiendan para hacer más inversiones que las convenidas. A modo de ejemplo, podemos citar la concesión Puerta del Sur, S.A en Uruguay, que recibió una extensión de 20 años para administrar 6 aeropuertos estatales. También, el Gobierno de Argentina decidió prorrogar por 10 años adicionales la concesión otorgada a favor de Aeropuertos Argentina 2000 para treinta terminales aéreas en el país.

Asimismo, en la India el Ministerio de Aviación hindú amplió por 30 años adicionales el período de concesión del primero de los aeropuertos de la gran ciudad, en Hyderabad. En Arabia Saudita, Tibah Airports recibió una extensión en la vigencia de su concesión para el aeropuerto de Medina. Y esto solo mencionar algunos de los numerosos ejemplos recientes que existen y validan que la renegociación realizada no es nada extraordinario ni inusual, como han querido pintar.

Por otro lado, han querido decir que el acuerdo incluye aumentos de tarifa que encarecerán los pasajes aéreos. Sin embargo, la realidad es que en el nuevo acuerdo, las tarifas sólo recibirán ajustes por inflación hasta el fin de la concesión. Esto significa que se mantendrán constantes en términos reales, hecho que no es nada irrazonable, al contrario, es positivo para el pasajero.

El histórico acuerdo alcanzado por el presidente Abinader y Aerodom es una conquista de la cual podemos sentirnos orgullosos, que incluye las mejores prácticas internacionales y que permitirá al Estado recibir más de cuatro mil quinientos millones de dólares. Es hora de hablar con la verdad y dejar de errar para hacer política.

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