En Kenia al menos 17 personas murieron tras ejercer protestas contra un nuevo proyecto de ley que contempla subidas fiscales, después de varias movilizaciones sin antecedentes en la historia del país que desembocó en el asalto al Parlamento.
Según una fuente del Grupo de Trabajo sobre Reformas Policiales de Kenia (PRWG-Kenya), que engloba varias organizaciones como Amnistía Internacional (AI), 14 de las muertes se registraron en Nairobi, donde la Policía abrió fuego tratando de impedir que los manifestantes accedieran al recinto del Parlamento, esta acción por parte de la policía no tuvo éxito.
Segun informaciones de las ONG hay un total de 51 heridos, 52 arrestos, de ellos al menos 43 en la capital keniana.
“A pesar de las garantías dadas por el Gobierno de que se protegería y facilitaría el derecho de reunión, las protestas de hoy han degenerado en violencia. Observadores de derechos humanos y trabajadores médicos han informado de varios incidentes de violaciones de derechos humanos”, asi lo expresó un comunicado conjunto el PRWG-Kenya.
Asimismo, se han registrado 21 secuestros y desapariciones de activistas, por agentes “uniformados y no uniformados”.
Comunicado de la presidencia
En un comunicado, la presidenta de Tribunal Supremo y jefa del Poder Judicial de Kenia, Martha Koome, mostró este martes su “profunda preocupación” por los secuestros, que catalogó de “ataque directo al Estado de derecho, los derechos humanos y el Constitucionalismo”, y pidió que “se procese de manera legal cualquier acción criminal”.
En la tercera jornada de protestas en la última semana y al grito de «¡Ruto debe irse, Ruto debe irse!», refiriéndose al presidente keniano, William Ruto, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, lograron entrar al Parlamento a través del Senado.
Lo que empezó como una protesta pacífica de miles de jóvenes contra las subidas de impuestos en la capital keniana y otras ciudades en al menos 29 de los 47 condados del país derivó en una batalla campal entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.
Mediante la invasión al Parlamento, los asaltantes destrozaron mobiliario, ventanas y banderas, mientras acusaban a los políticos de «traidores», después de que 195 diputados votaran de manera preliminar a favor del polémico Proyecto de Ley de Finanzas de 2024, frente a 106 votos en contra, si bien falta la votación final.
Con esta norma, el Gobierno pretende recaudar 2.700 millones de dólares en impuestos adicionales para reducir el déficit presupuestario y el endeudamiento estatal.
Sin embargo, los manifestantes antigubernamentales sostienen que esas medidas fiscales empujan a la pobreza a la población.