Varias instituciones públicas intervienen en el conflicto entre la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) y las empresas proveedoras de los dispositivos electrónicos utilizados para procesar pagos con tarjetas en las estaciones de combustibles.
El proceso de mediación está siendo coordinado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), con la participación de Pro Consumidor y otras entidades estatales, informó este martes el director ejecutivo de esa institución, Eddy Alcántara.
De acuerdo con Alcántara, el objetivo de las conversaciones es lograr un entendimiento entre las partes que permita solucionar sus diferencias sin afectar a las personas que utilizan tarjetas bancarias para adquirir combustibles.
“Las partes tienen que ponerse de acuerdo, porque el consumidor no puede resultar afectado”, manifestó el funcionario.
El titular de Pro Consumidor también exhortó a los representantes de Anadegas a actuar con “sensatez” y permitir que las autoridades continúen las gestiones encaminadas a encontrar una salida al conflicto.
La controversia se produce luego de que Anadegas anunciara su decisión de retirar los verifones de más de 700 estaciones afiliadas a partir del próximo 25 de septiembre.
La medida podría reducir las opciones disponibles para quienes utilizan tarjetas como forma de pago al momento de abastecerse de combustible.
Ante esta situación, Pro Consumidor informó que mantiene el seguimiento del proceso y sostiene conversaciones con representantes de Anadegas, mientras las demás instituciones involucradas procuran alcanzar un acuerdo.
Alcántara reiteró que cualquier solución deberá preservar los derechos de los consumidores y garantizar que estos cuenten con distintas alternativas para realizar el pago de los combustibles.