El crecimiento alarmante de presos preventivos en República Dominicana ha generado preocupación entre juristas, catedráticos universitarios y defensores de derechos humanos, quienes instan a las autoridades judiciales a revisar el uso abusivo de la prisión preventiva en el sistema judicial del país.
Según datos del Nuevo Modelo Penitenciario, en el año 2020 había 5,567 internos preventivos, mientras que en el Modelo Tradicional la cifra ascendía a 10,761. Para el año 2021, se registraron 6,174 internos preventivos en el Nuevo Modelo y 10,118 en el Modelo Tradicional. En 2022, tanto en el nuevo modelo como en el tradicional, se contabilizaban 15,310 presos preventivos, cifra que aumentó ligeramente en 2023 a 15,442. Sin embargo, en el 2024 la cifra aumentó significativamente a 15,717, representando un 59.54% del total de 26,396 privados de libertad en todo el país.
El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, ha calificado esta situación como «alarmante», destacando que el 60% de los reclusos están a la espera de una condena definitiva, lo que contribuye al hacinamiento en las cárceles. Santos señaló que el uso excesivo de la prisión preventiva se ha convertido en una pena anticipada y ha contribuido a la sobrepoblación carcelaria.
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, también ha instado a prestar atención al sistema penitenciario del país, destacando que muchos reclusos carecen de atención médica adecuada y que las cárceles dominicanas están sobrepobladas. Según un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, una parte significativa de la población carcelaria presenta problemas de salud graves, como enfermedades cardiacas, diabetes, enfermedades mentales y VIH, y la mitad de ellos no recibe atención médica adecuada.
Ante esta situación, diversas voces de la sociedad dominicana han pedido una revisión urgente del sistema judicial y penitenciario para garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos y evitar la sobrepoblación carcelaria.