Cada cuatro años los Estados Unidos celebra sus elecciones presidenciales el primer martes de noviembre. Esta elección no ocurre un domingo, como es común en otros países, por una razón histórica y práctica.
En 1845, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que establecía que las elecciones presidenciales se realizarían el primer martes de noviembre de cada año electoral. Esta ley se tomó con el objetivo de unificar el calendario electoral a nivel nacional y garantizar que las elecciones se realizaran en un día específico.
Esta decisión surge de la necesidad de que la mayoria de las personas necesitaban tiempo para viajar a los centros de votación, y como los domingos se reservaban para el descanso y la religión, no se podía votar ese día. El lunes también era poco práctico porque mucha gente viajaba el domingo, por lo que el martes se veía como el día más adecuado.
En muchos lugares, el domingo era considerado un día de descanso religioso, y se quería evitar que la votación coincidiera con ese día para no interferir con las actividades religiosas y familiares.
En una sociedad predominantemente agrícola, el martes era un buen día porque los agricultores ya habían terminado con las tareas principales de la semana, como la siembra o cosecha, pero aún quedaba tiempo antes de que llegara el miércoles, que a menudo era un día ocupado en el campo.
Aunque las condiciones en los Estados Unidos han cambiado con el tiempo, la tradición de votar los martes se ha mantenido, a pesar de las críticas de que podría ser inconveniente para algunas personas, especialmente quienes tienen trabajos de tiempo completo o dependen del transporte público.
¿Podría cambiar?
Aunque el sistema está profundamente arraigado, algunos estados han comenzado a ofrecer votación anticipada o votación por correo para facilitar la participación electoral. Si bien el «martes» sigue siendo la norma para las elecciones nacionales, estos métodos de votación permiten a los ciudadanos votar en días anteriores al martes electoral. Sin embargo, cambiar la fecha oficial de las elecciones implicaría una reforma legislativa importante, y necesitaría un amplio consenso tanto a nivel federal como estatal.