7 SEGUNDOS.- El presupuesto asignado a los partidos políticos en la República Dominicana ha experimentado cambios significativos en los últimos años, según los datos proporcionados por la Junta Central Electoral (JCE). Para las elecciones de 2024, se ha asignado un total de $4,889 millones, distribuidos de la siguiente manera: el Partido Revolucionario Moderno (PRM) recibe el 40%, equivalente a $1,955.6 millones; el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) obtiene el 35%, representando $1,711.15 millones; la Fuerza del Pueblo (FP) obtiene el 10%, es decir, $488.9 millones; y los 26 partidos minoritarios restantes se reparten el 15% restante, que corresponde a $733.35 millones.
Comparando con años anteriores, en 2016, el presupuesto total de la JCE fue de $7,760,981,913 aunque no se disponía de datos sobre la transferencia a partidos políticos. En 2017, el presupuesto total ascendió a $3,855,938,419 con una transferencia de $805,043,462 a los partidos políticos. Para 2018, el presupuesto total fue de $4,687,627,008 con una transferencia de $1,260,400,000 a los partidos políticos. En 2019, se observa un aumento significativo, con un presupuesto total de $6,997,828 y una transferencia de $1,386,048,974, a los partidos políticos. Sin embargo, en 2020, se registra una disminución del 17% en el presupuesto total asignado a los partidos políticos con respecto al año anterior.
El análisis detallado del gasto de los partidos políticos en República Dominicana durante los años 2016 a 2019 proporcionan una perspectiva sobre el entorno financiero que rodea la actividad política en el país. Estas cifras, aunque aproximadas, permiten visualizar la magnitud de los recursos involucrados en el proceso electoral y las campañas políticas, generando un llamado a la reflexión sobre la transparencia y la equidad en el sistema político.
Durante este periodo, el financiamiento público asignado a los partidos políticos ha sido significativo. Por ejemplo, en el año 2016, se destinaron alrededor de $ 3,000 millones de pesos dominicanos para este fin. Sin embargo, en los años siguientes, esta cifra fluctuó, llegando a alcanzar los $ 3,232 millones en 2018 y descendiendo a $ 3,200 millones en 2019. Estos fondos se distribuyen entre los partidos mayoritarios, como el PRM y el PLD, así como entre los partidos minoritarios, mostrando una diversidad en las asignaciones financieras.
Pero es en el ámbito de las campañas electorales donde se manifiesta una dinámica aún más desafiante en términos de gasto. Las estimaciones indican que el gasto total durante estos años ha superado consistentemente los $ 5,000 millones de pesos. Por ejemplo, en 2016 se estima que el gasto total superó esta cifra, distribuido entre los partidos políticos, siendo el PRM y el PLD los principales beneficiarios de estos recursos.
Este análisis revela una tendencia fluctuante en el costo de los partidos políticos en República Dominicana, con aumentos y disminuciones en el presupuesto asignado por la JCE. Sin embargo, sigue siendo una preocupación importante el alto costo asociado con la actividad política en el país, especialmente en un contexto donde las personas luchan por acceder a salarios dignos y servicios básicos de calidad.
En este mismo sentido, la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos representa un hito en el fortalecimiento de la democracia y el ordenamiento jurídico del país. El principal objetivo de esta Ley es establecer un marco legal sólido y completo que regule todos los aspectos relacionados con la creación, organización, funcionamiento, financiamiento, control y fiscalización de los partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos.
Salario mínimo:
Un análisis del gasto en política y el salario mínimo revela una realidad socioeconómica compleja y multifacética, que merece una reflexión profunda sobre sus implicaciones y desafíos.
En primer lugar, el gasto en política, como se evidencia a través de los datos proporcionados por la Junta Central Electoral, es considerablemente alto. Con un presupuesto total asignado a los partidos políticos para las elecciones de 2024 de $ 4,889 millones, este gasto representa una inversión significativa en el funcionamiento y promoción de la actividad política en el país. Sin embargo, es importante cuestionar si este gasto se traduce realmente en beneficios tangibles para la sociedad dominicana.
Por otro lado, el análisis del salario mínimo revela una desigualdad preocupante entre el sector formal e informal de la economía. Mientras que el salario promedio general en el sector formal alcanza los $ 21,496.9 pesos, en el sector informal es considerablemente menor, llegando a $ 8,847.2 pesos. Esta brecha salarial refleja las diferencias en términos de estabilidad laboral, beneficios y protección social entre los trabajadores formales e informales, lo que plantea desafíos significativos en términos de equidad y justicia social.
La comparación entre el gasto en política y el salario mínimo plantea interrogantes sobre las prioridades de inversión y distribución de recursos. Mientras los partidos políticos reciben asignaciones considerables, muchos trabajadores enfrentan dificultades para acceder a salarios que les permitan vivir con dignidad. Este contraste refleja una realidad socioeconómica compleja y desafiante, que exige una reflexión profunda sobre las políticas y prácticas que promueven la equidad y justicia social en el país.