El Poder Ejecutivo sometió este viernes ante el Senado de la República un proyecto de ley que plantea modificar 18 artículos de la Ley Orgánica 74-25, que contiene el nuevo Código Penal Dominicano y cuya entrada en vigor está prevista para agosto de 2026.
La iniciativa fue depositada por conducto del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y remitida a la comisión bicameral encargada de estudiar las propuestas de modificación al texto aprobado por el Congreso.
Entre los artículos que el Gobierno propone revisar figuran los números 121, 122, 123, 141, 142, 144, 170, 176, 192, 207, 208, 211, 214, 215, 248, 303, 310 y 354.
Uno de los aspectos que ha generado mayor atención es la propuesta de modificar los artículos 208 y 211, vinculados a los delitos de difamación y a las excepciones previstas para determinadas expresiones. La legislación vigente establece sanciones de entre dos y cinco años de prisión por imputaciones públicas que afecten el honor o la reputación de una persona, incluso cuando sean difundidas mediante redes sociales, plataformas digitales u otros medios electrónicos.
Otro de los puntos incluidos en la reforma corresponde al artículo 310, que tipifica el ultraje contra funcionarios públicos. La disposición contempla penas de prisión y multas por expresiones, escritos, imágenes o gestos considerados ofensivos contra la dignidad de un servidor público, aspecto que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de diversos sectores, al entender que podría tener implicaciones para la libertad de expresión.
La propuesta también modifica el artículo 354, relacionado con la expedición de certificados médicos falsos. La normativa actual sanciona con penas de uno a dos años de prisión a los profesionales de la salud que emitan deliberadamente certificaciones falsas sobre enfermedades, lesiones, estado de salud o causas de muerte, con sanciones agravadas cuando se trate de médicos forenses o servidores públicos.
Además de estos temas, la iniciativa incorpora cambios en disposiciones relacionadas con el bullying y ciberbullying, la prescripción de delitos sexuales, el exhibicionismo, el acoso, el autosecuestro, el abandono de menores, la bancarrota simple y la malversación de fondos públicos, entre otras figuras penales.
El proyecto será analizado por la comisión bicameral designada para estudiar las modificaciones propuestas y, posteriormente, deberá ser conocido y votado por el Senado y la Cámara de Diputados antes de su eventual aprobación.