Representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos acudieron este miércoles al Tribunal Constitucional para expresar su rechazo a las iniciativas que buscan la incorporación de las denominadas tres causales del aborto en la legislación dominicana.
Durante la audiencia pública convocada por la alta corte, los participantes sostuvieron que cualquier modificación relacionada con la interrupción del embarazo debe ser discutida y aprobada por el Congreso Nacional, al entender que corresponde al Poder Legislativo la creación y reforma de las leyes.
Los comparecientes argumentaron que las acciones sometidas ante el Tribunal Constitucional persiguen que ese órgano adopte decisiones que, a su juicio, exceden las atribuciones que le confiere la Constitución, al intervenir en asuntos que consideran competencia exclusiva de los legisladores.
Asimismo, defendieron la vigencia del artículo 37 de la Constitución dominicana, que establece la inviolabilidad del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, y señalaron que ese principio constituye uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico nacional.
Durante las intervenciones, varios participantes afirmaron que la discusión no se limita al tema del aborto, sino que también involucra aspectos relacionados con la separación de poderes, la seguridad jurídica y el respeto a los procedimientos establecidos para la aprobación de reformas legales.
Los representantes de estos sectores sostuvieron además que ni la Constitución ni los tratados internacionales ratificados por la República Dominicana obligan al Estado a establecer las tres causales mediante una decisión judicial.
En ese sentido, manifestaron que cualquier cambio al régimen penal vigente debe producirse a través de los mecanismos legislativos contemplados por la Carta Magna y no mediante sentencias de los tribunales.
Los participantes expresaron su confianza en que el Tribunal Constitucional adoptará una decisión basada en el respeto a la Constitución, la división de poderes y las competencias atribuidas a cada órgano del Estado.
La audiencia reunió a sectores con posiciones divergentes sobre el tema, incluyendo organizaciones que favorecen la incorporación de las tres causales y grupos que promueven la protección de la vida desde la concepción.