Diversos sectores sociales en Puerto Rico, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), colectivos feministas, grupos religiosos, profesionales de la salud y defensoras de derechos humanos, manifestaron su rechazo a la firma del Proyecto del Senado 923, que tipifica como asesinato la muerte de un concebido no nacido.
Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU local, cuestionó que la medida se aprobara sin vistas públicas, lo que calificó como una violación al proceso de participación ciudadana. «El liderato legislativo aprobó la medida de forma expedita y la gobernadora Jenniffer González validó ese proceder antidemocrático», expresó.
Tras la firma de la gobernadora, el MVC y su Red de Redes, junto a organizaciones feministas y religiosas, realizaron una vigilia frente a La Fortaleza bajo el lema «Por el Derecho a Decidir». Allí denunciaron que la nueva ley atenta contra la salud y autonomía de las mujeres y personas gestantes. Voceras como Agustina Luvis y Mayra Vicil Bernier advirtieron que la medida, lejos de proteger la vida, genera un grave problema legal y constitucional, pues convierte decisiones médicas y emergencias obstétricas en crímenes violentos.
Desde la anulación de Roe vs. Wade en 2022, se han presentado múltiples proyectos en Puerto Rico para limitar el aborto, aunque hasta ahora habían fracasado. Expertos recuerdan que, a diferencia de la Constitución federal, en Puerto Rico el derecho al aborto está protegido por la garantía constitucional a la intimidad.