Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra los imputados en el caso
El lunes, el Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva contra varios miembros de una red criminal dedicada a sustraer municiones y a alterar los procesos de auditoría en las instalaciones de la Policía Nacional.
El grupo, compuesto por más de diez policías de distintos rangos dentro de la institución, estaba involucrado en un esquema de tráfico ilegal de municiones, las cuales presuntamente eran comercializadas en diversos barrios del país y en Haití.
Los funcionarios implicados en esta red de tráfico de municiones sustrajeron más de 900,000 proyectiles, infringiendo los rigurosos procedimientos establecidos en el Reglamento sobre el Registro, Almacenamiento y Conservación de Armas, Municiones y Equipos Letales y No Letales, el cual requiere un control estricto por parte de la Policía Nacional
Dentro de los acusados figuran
El coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien se desempeñaba como responsable de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, era el encargado de la custodia de las armas y municiones dentro de la institución.
El capitán Nelson Valdez, encargado del Depósito de Armas, Municiones y Suministros, lo que lo convirtió en uno de los actores clave en este robo. Asimismo, el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien era el responsable de llevar a cabo auditorías regulares en la Intendencia de Armas para asegurar la correcta administración de las municiones y equipos.
Según el Ministerio Público, el oficial Santos Rodríguez habría modificado los resultados de una auditoría realizada en febrero con el fin de encubrir la sustracción de cientos de municiones. Además, Rodríguez se asoció con los líderes de la red criminal para intentar manipular nuevamente los datos de la auditoría al percatarse de la investigación en curso, una acción irregular que fue detectada por las autoridades encargadas de la pesquisa.
Otros imputados
El subintendente Juan Miguel Pérez Soler, quien era responsable de garantizar la entrega adecuada de las armas y municiones conforme a los protocolos de seguridad establecidos por el reglamento.
El segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central y encargado de reparar y darle mantenimiento a las armas de la institución.
También se encuentran bajo arresto y a la espera de medidas de coerción el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal.
La organización criminal operaba con un alto nivel de coordinación y en complicidad con algunos miembros de la propia Policía Nacional.
Postura del Ministerio Público
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, dijo que el hecho ocurrido dentro de la Policía Nacional es un caso extremadamente grave, y que pone en riesgo la seguridad nacional de la República Dominicana.
Camacho subrayó que la implicación de funcionarios de la propia institución encargada de velar por el orden público refleja una grave infiltración del crimen organizado dentro de las fuerzas de seguridad del Estado.
Con base en una exhaustiva investigación, el Ministerio Público presentó 135 medios de prueba que sustentan las acusaciones contra los miembros de la red criminal, lo que refuerza la gravedad de los delitos cometidos y la implicación de agentes de alto rango en la sustracción de municiones y alteración de auditorías internas.
Mientras que, con relación a la posibilidad de nuevos imputados, Camacho señaló que la investigación sigue en curso y que, a medida que avance, podrían surgir nuevos hechos y personas involucradas. «Los proyectiles sustraídos de la Intendencia de Armas eran vendidos, y estamos rastreando todos los lugares a los que hayan sido distribuidos. Este es uno de los aspectos clave que desarrollaremos durante la investigación», afirmó Camacho.
¿Cómo se descubre el entramado de la Operación Pandora?
La Operación Pandora salió a la luz después de que varias denuncias anónimas alertaran sobre la desaparición de municiones de los depósitos oficiales de la Policía Nacional. Las primeras investigaciones arrojaron que miembros de la entidad habrían aprovechado su acceso a las instalaciones para sustraer los elementos.
El caso que resultó en la detención de los imputados, fue llevado a cabo en octubre tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la Policía Nacional.
En la operación participaron más de 200 agentes de diversas unidades especiales de la Policía Nacional, incluyendo la Policía Preventiva y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), así como más de 40 fiscales. Durante la operación, se realizaron allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales respectivamente.