“Desde diciembre de 2023 se ha registrado un alarmante aumento en las desapariciones forzadas que afectarían a ciudadanos y ciudadanas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público”, manifestaron las expertas de la ONU; resaltando que, en su mayoría, las personas desaparecidas forzadamente son integrantes del partido político de la oposición y militares.

Dichas desapariciones podrían «obstaculizar el derecho de la población a votar libremente”, afirmaron, indicando que privar a una persona de su libertad, seguido de negar reconocer su detención u ocultar su suerte o paradero, la sitúa fuera de la protección de la ley; violando los derechos fundamentales de los familiares víctimas de la situación.

Tan solo el domingo, varios dirigentes opositores venezolanos denunciaron la detención arbitraria de tres activistas políticos del estado Portuguesa, donde Machado llevó a cabo una multitudinaria actividad el pasado viernes de cara a los comicios presidenciales.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias está en contacto con las autoridades en este respecto y ha expresado al Gobierno su disponibilidad para proporcionar cooperación y asistencia técnica, con vistas a garantizar que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares, y que cualquier caso de desaparición forzada se investigue de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos.

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