OPINIÓN, EURIC SANTI.- Este fin de semana los dominicanos hemos sido, una vez más, conmovidos por una tragedia. En este caso, la conmoción es por el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quesada, un chofer de camión colector de basura al que le arrebataron la vida por rozar un motor.
La cronología de los hechos, hasta el momento, es la siguiente. Carlos Abreu roza un motor y los motoconchos se amotinan contra él. Mientras conduce, llega hasta un destacamento donde grita y pide ayuda a los policías, diciendo que «lo quieren matar», pero no le hacen caso… así que continúa hasta el Palacio de Justicia mientras la turba lo persigue.
Al ingresar al palacio, la turba mantiene la persecución y Carlos sigue pidiendo ayuda. Al detenerse, trata de salir del camión cuando el agresor lo ataca por detrás y le propina dos estocadas. Carlos cae al piso y se arrastra hasta la puerta de un almacén, donde empieza a desangrarse. Mientras tiene la herida abierta, se encomienda a Dios.
Minutos más tarde llega una ambulancia del Sistema 9-1-1, lo trasladan a un hospital, donde lo ingresan y, unas doce horas después, pierde la vida. Básicamente, unos asesinos le arrebataron la vida a un hombre trabajador por el roce de un motor donde no hubo heridos ni personas lesionadas.
Al menos, en la actualidad la Policía Nacional tiene ocho personas apresadas y, según la procuradora general, el Ministerio Público acusará de asesinato a los involucrados. Sus hijos no solo sufren la muerte de su padre, también el país que vio el hecho desgarrador.
Veamos el problema ‘motoconcho’ en su magnitud
Para el 31 de diciembre del año 2025, la República Dominicana tenía registradas 3.8 millones de motocicletas, que representan el 57.9 % del parque vehicular nacional. Es decir, más de la mitad. De esta cantidad, el 70.7 % lo poseen personas físicas, dígase individuos.
A pesar de que el motoconcho es un medio de transporte público que data aproximadamente de finales de la década de 1970 e inicios de 1980 en diferentes zonas del país, no es menos cierto que, a partir de la pandemia, su uso se disparó en todo el territorio nacional. La necesidad de entregas a domicilio impulsó el mercado del delivery y por consecuencia una oportunidad de negocio para muchos.
La economía detrás del delivery generó un incentivo para que más jóvenes, que desean tener calidad de vida, opten por “conchar” en lugar de tener un trabajo formal; y esto tiene sus razones.
Es más fácil comprar un motor que ser empleado
Para un joven de veintidós años es más eficiente comprar un motor, que puede adquirir por menos de cien mil pesos, y facturar a diario cinco y hasta diez veces más que cualquier empleado privado. El salario promedio en la República Dominicana, según la Tesorería de la Seguridad Social, es de RD$35,926 pesos, mientras que un motoconcho, manejando sus propias horas y sin requerimiento técnico alguno, puede facturar hasta RD$80,000 pesos mensuales. Evidentemente, es más incentivo ser motoconcho que empleado privado.
Como podemos observar, existe un incentivo natural para asumir esto como un medio de subsistencia; sin embargo, al mismo tiempo, no existe el mínimo de responsabilidad por parte del conductor, ni de las autoridades, ni de la sociedad, para que el motoconcho cumpla con parámetros básicos mientras ejerce su oficio empírico.
Falta de supervisión, jóvenes, haitianos y asociaciones
Esa dinámica sin orden ni responsabilidades ahonda el problema de la supervisión a nivel nacional, y que tengamos un poco de perspectiva, es bueno saber que para el año 2021 el gobierno de la República Dominicana inició un plan de regularización y licencias de motores, pero fue un total fracaso. El programa no logró su cometido y, al parecer, su objetivo era más recaudar fondos que solucionar el problema. ¿Por qué?, te preguntarás. Porque la licencia no incluía un proceso de depuración, sino más bien de recaudación, se requería una licencia por cada motor registrado en la DGII. Una locura.
Según datos disponibles del INTRANT, para el año 2026 solo existen alrededor de ~30,000 licencias categoría uno —que corresponden a los vehículos de motor—; es decir, que si la República Dominicana posee 3,805,712 motores, solo un 0.74 % de los conductores cuenta con licencia.
La falta de datos hace imposible que el Estado y el gobierno tomen decisiones contundentes al respecto, y, por demás, fiscalicen quién ejerce este creciente oficio, donde los extranjeros también han tomado participación. Así como lees: haitianos, venezolanos, colombianos y de otras nacionalidades solo necesitan un motor y dinero para conchar en nuestro territorio; por eso hay tantos sin el mínimo de orden ni conocimiento de las normas vigentes de tránsito en las calles.
Las asociaciones de motoconchos, que según el INTRANT superan las 200, sirven como un puente; sin embargo, tampoco cuentan con el criterio técnico para regular y supervisar. Además, no son órganos del gobierno, sino una respuesta natural a la gran cantidad de personas que ejercen el oficio. FENAMOTO, por ejemplo, es la más grande y, en sus registros internos, solo tiene unos 200,000 afiliados. Con esta dinámica de desorden es imposible supervisar los motoconchos o evitar que extranjeros ilegales se integren al oficio en el país.
La danza del desorden… ¿Cómo podemos evitarla?
Hoy en día pareciera imposible solucionar el desorden. Vemos los motoconchos moverse como dueños del país entre calles y aceras. Entran sin mirar porque quien osa chocar con ellos termina pagando y pasando un mal rato… o muerto, como el caso de Deivy Carlos Abreu.
A la fecha en que escribo este artículo, los motoconchos andan como «chivos sin ley».Es evidente que la DIGESET no tiene la capacidad operativa para fiscalizar más de tres millones de motores circulando a nivel nacional. Es una danza coordinada del desorden y debemos entenderlo.
Lo positivo es que no es imposible mejorar. Requiere esfuerzo del gobierno y de la sociedad dominicana. Así que, veamos algunas medidas que propondríamos desde Política Para Ciudadanos para solucionar el problema.
Siete soluciones rápidas
- Digitalizar lo existente: A través del INTRANT y el Ministerio de Interior y Policía, digitalizar los registros de federaciones y asociaciones de motoconchos para crear un mapa de calor e identificar su ubicación, paradas y conductores.
- Fortalecer la fiscalización de los ayuntamientos: Con la información digitalizada, proveer data a las alcaldías para que incluyan las paradas y asociaciones faltantes en sus demarcaciones, logrando así datos más concretos del sector comercial.
- Enforzar los parámetros y el régimen de consecuencias: No hay que reinventar la rueda; solo aplicar la ley vigente en tránsito (63-17), incluyendo el uso casco (art. 157), cantidad de pasajeros (art. 158), las aceras y ciclovías (art. 156) y por supuesto la documentación y seguro de ley.
- Aumentar la capacidad de fiscalización: Con los mapas de calor generados al colectar la data, la DIGESETT puede fortalecer la fiscalización según el volumen de motoconchos por zonas, enfocando recursos donde realmente se necesitan y evitando el desperdicio.
- Jornada de educación cívica: A través de asociaciones y aplicaciones de delivery, desarrollar jornadas de educación cívica dirigidas a los motoconchos, para mejorar su comportamiento y desempeño en el oficio. Así como la ley de tránsito y sus normas.
- Inclusión obligatoria en la Seguridad Social: Crear un régimen especial que permita a las asociaciones integrar a los motoconchos en la Tesorería de Seguridad Social mediante cuotas adaptadas a su realidad económica.
- Depurar ilegales y apresarlos: Todo motoconcho extranjero en condición ilegal debe ser apresado y expulsado del país conforme a la ley vigente.
¿Y con qué dinero se haría esto?
La respuesta es simple. Desde el año 2022 hasta el 2026, el gobierno ha gastado RD$2,100 millones de pesos en el programa Motoben, que consiste en entregar dinero a motoconchos a través de tarjetas.
El programa inició con 5,000 beneficiados, a un costo total de RD$150 millones. Para el 2025 tenía +65,000 beneficiados, con un costo total de RD$780 millones. La solución es clara: eliminar ese gasto y redirigir los fondos hacia medidas efectivas y sostenibles en el tiempo.
Estos recursos pueden destinarse desde salarios para nuevos agentes de la DIGESETT hasta el personal necesario para levantamientos, fiscalización y automatización del sistema.
Si no detenemos la danza del desorden con los motoconchos —aún estamos a tiempo—, el problema será peor que el apandillamiento que tenemos con los «padres de familia». Como va, se convertirá en el talón de Aquiles del transporte público de calidad en la República Dominicana.
La solución no es un microondas, pero debemos empezar
Cuando vemos el caso de Deivy Carlos Abreu, no solo nos indigna, nos conmueve, nos molesta y nos hace buscar una solución inmediata a un problema complejo. Que por demás, tiene años enquistándose en nuestra realidad diaria.
Tanto la justicia para los asesinos de Deivy Carlos como la solución a los cientos de miles de motoconchos que andan como chivos sin ley todos los días por las calles de República Dominicana requieren esfuerzos y acciones conjuntas.
Soluciones hay, y en este artículo las hemos presentado, pero también cada ciudadano tiene la responsabilidad de ir poniendo freno a lo que está mal. Así como me lees en esta fase final, muchas veces queremos que las cosas se solucionen, pero sin ser parte de esa solución; también nos toca. Si ves motoconchos transitando en la acera, dile que por ahí no es; si se quiere ir en rojo, dile que no; si lo ves en vía contraria, dile que va mal. No tengamos tanto miedo a la turba, porque el miedo al desorden nos ha creado mucho más desorden y ahora es más difícil de organizar.
¡Sí, podemos! Que este hecho tan lamentable nos impulse a frenar más para que otros casos como este no se repitan.