El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenta con las facultades legales necesarias para intervenir y paralizar construcciones levantadas dentro de las franjas de protección de ríos y otros cuerpos de agua, sin necesidad de una orden judicial previa, según aseguró Juan Aquino, del área jurídica de Fiscalización de la institución.
La aclaración fue realizada durante una intervención en una villa turística ubicada en las inmediaciones del río Yaque del Norte, en la comunidad de Las Guámaras, Jarabacoa. Ante los cuestionamientos planteados por los abogados del propietario de la obra, el funcionario sostuvo que la institución está facultada para actuar directamente cuando se trata de espacios considerados de dominio público y sujetos a protección ambiental.
Aquino citó como fundamento la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00, específicamente su artículo 129, al explicar el marco legal que respalda las labores de fiscalización y control que desarrolla el Ministerio en las zonas de protección. Bajo este criterio, las autoridades pueden disponer medidas para detener trabajos que se estén realizando dentro de áreas restringidas, con el objetivo de evitar que continúen ocupándose espacios destinados a la protección de los recursos hídricos.
Durante el operativo en Las Guámaras también se discutió el futuro de la villa intervenida. Las autoridades advirtieron que, si no se mantiene un acuerdo preliminar alcanzado con el propietario, identificado como el señor Riva, podría reanudarse el proceso de demolición de las estructuras que se encuentran dentro del área restringida. El acuerdo contempla que el propietario entregue voluntariamente al Estado la franja frontal del inmueble que ocupa parte del perímetro de protección, con la intención de que ese espacio pueda ser destinado posteriormente a un uso comunitario.
La actuación en Jarabacoa formó parte de una jornada más amplia de supervisión, durante la cual fueron intervenidas al menos nueve estructuras ubicadas dentro de las distancias establecidas como zonas de protección. Cerca de 50 agentes de fiscalización ambiental participaron en las labores de inspección, supervisión y aplicación de las medidas correspondientes en los diferentes puntos incluidos en el operativo.
En la provincia Monseñor Nouel, las autoridades también actuaron contra una edificación construida dentro de la franja de protección del río Maimón. Una inspección técnica estableció que tres de los seis vértices de la estructura se encontraban dentro de los 30 metros establecidos como zona de protección para las corrientes fluviales, por lo que se procedió con su demolición.
De acuerdo con el expediente del caso, los trabajos de esa construcción habían sido paralizados formalmente en agosto de 2025 y posteriormente nuevamente en 2026. Sin embargo, según las autoridades, los responsables continuaron ejecutando la obra pese a las disposiciones de paralización emitidas por el Ministerio. Durante la misma jornada también fue localizada otra edificación en proceso de construcción dentro del margen protegido de un cauce, ante lo cual fueron aplicadas las medidas cautelares correspondientes.
Medio Ambiente reiteró que las franjas de protección de los ríos y otros cuerpos de agua están sujetas a disposiciones especiales y que las construcciones realizadas en esos espacios pueden ser objeto de intervención por parte de las autoridades. La institución sostuvo que continuará realizando operativos de fiscalización para detectar obras que ocupen áreas restringidas y aplicar las medidas establecidas en la legislación ambiental.