El Ministerio de Educación de Perú ha confirmado que existen al menos 524 casos de estudiantes (varones y mujeres) de la provincia Condorcanqui, situada en la región de Amazonas, que entre el 2010 y el 2024 padecieron algún tipo de violencia sexual de parte de sus profesores, promotores educativos o personal administrativo de sus colegios.
Los hechos, que el Estado conoce hace más de una década, han captado notoriedad nacional debido al pronunciamiento enérgico de las comunidades indígenas awajún y wampis, a las cuales pertenecen las víctimas. Este pronunciamiento ha demostrado no solo la vulnerabilidad y los riesgos a los que los niños de los pueblos originarios están expuestos, sino también el desprecio y la indolencia con los que las autoridades públicas de alto rango los tratan.
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Para el ministro de Educación, Morgan Quero, las violaciones y abusos sexuales que se han cometido en la amazonía por más de una década son «una práctica cultural para ejercer una forma de construcción familiar» y que por ellos serían muy prudentes en cómo encarar el asunto. Por su parte, la ministra de la mujer, Ángela Hernández, respaldó estas declaraciones y añadió: «Debemos informar a las niñas y a las adolescentes, sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales y, si lo van a hacer, que sea protegido».
Diversas organizaciones indígenas han emitido su rechazo ante estas declaraciones, remarcando que emplear la cultura como excusa es una forma prolongar la impunidad e invisibilizar la gravedad de estos delitos.
Profesores implicados siguen ejerciendo docencia
Ana López, directora de servicios educativos en el ámbito rural del Ministerio de Educación de Perú, informó que hay 519 profesores contratados de manera temporal y cinco nombrados de forma estable involucrados en estos casos. De ellos, 194 habían salido librados de sanción porque las denuncias prescribieron.
Asimismo, absolvieron a 82 personas de toda responsabilidad, y en 71 casos las indagaciones seguían pendientes. Solo destituyeron o cesaron de ejercer la docencia a 112, mientras que a 61 les impusieron procesos disciplinarios menosres. Además, se indicó que la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) de Amazonas, administrada por el gobierno regional, no derivó algunos de los reportes a la fiscalía para las sanciones a nivel penal.
Expuestos a los medios
Rosemary Pioc Tenazoa es la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis. Fue ella quien hizo la denuncia pública y logró que el tema fuera incluido en la agenda de los noticieros y del Ejecutivo. Pioc Tenazoa resaltó la posibilidad de contagios del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) en algunas de las víctimas, así como el riesgo de embarazo por las agresiones sexuales.
“Existen denuncias de que hay profesores con el virus que han contagiado a varios estudiantes. Nosotros hemos contabilizado 60 adolescentes que han sido infectados, pero es un asunto muy delicado, así que queremos un diagnóstico preciso”, explica Pioc.
La transmisión del VIH es una preocupación general y recurrente en la región. El año pasado, el Ministerio de Salud peruano había advertido un incremento de estas detecciones en Amazonas. La Red de Salud de la provincia de Condorcanqui había contabilizado hasta 222 fallecimientos de personas locales por complicaciones derivadas del sida en solo una década. Una de las poblaciones más afectadas es la awajún y, en gran parte, las infecciones se dan en menores de edad.
Hace unos días, madres y niñas amazónicas se movilizaron en vecindarios de la región para demandar acciones inmediatas y severas contra los abusadores de las estudiantes. Algunas elevaron también pancartas y reclamos en rechazo al gobierno de Dina Boluarte, al que acusaron de normalizar la violencia sexual.