El proceso judicial que enfrenta Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos dio un giro inesperado. Sus abogados privados presentaron ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York una solicitud para retirarse del caso, alegando que no han recibido los pagos correspondientes por sus servicios.
Según los documentos, las sanciones económicas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) han bloqueado los mecanismos de financiamiento que permitirían cubrir los honorarios legales. Esto ha dejado a la pareja sin posibilidad de mantener su defensa privada.
Ante la falta de recursos, Maduro y Flores se declararon insolventes, lo que abre la posibilidad de que el tribunal les designe defensores públicos, como contempla la legislación estadounidense.
El caso, que se desarrolla en Nueva York por acusaciones de narcotráfico y otros delitos federales, sigue generando debate. Más allá de la gravedad de los cargos, la situación pone en evidencia el impacto de las sanciones internacionales sobre el derecho a la defensa y el acceso a representación legal.
El juez deberá decidir los próximos pasos en un escenario marcado por tensiones políticas y jurídicas, donde las restricciones financieras se cruzan con uno de los procesos más mediáticos contra figuras del gobierno venezolano.