LOS ÁNGELES — “Aquí estamos y no nos vamos” fue el mensaje que organizaciones comunitarias, laborales y religiosas de Los Ángeles enviaron este martes al Gobierno del presidente Donald Trump, en respuesta a las redadas migratorias que continúan realizándose pese a una orden judicial que prohíbe arrestos indiscriminados.
Defensores de los inmigrantes realizaron un paro comunitario con más de seis eventos durante la jornada para rechazar lo que califican como intentos de intimidar a la comunidad, tras más de dos meses de operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
“Fracasaron en su misión de aterrorizarnos”, afirmó Martha Arévalo, directora del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), al relatar cómo 16 trabajadores de México, Honduras y Guatemala fueron arrestados la semana pasada frente a un centro de jornaleros. El operativo, conocido como “Operación Caballo de Troya”, utilizó un camión de mudanzas para encubrir a los agentes.
La orden temporal, emitida por una jueza federal, prohíbe detenciones basadas únicamente en raza, idioma, lugar o tipo de empleo en al menos siete condados del área metropolitana de Los Ángeles. Sin embargo, líderes como Angélica Salas, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), denuncian que las operaciones continúan, y advierten que las protestas pacíficas se mantendrán.
Gobierno de Trump y medidas tomadas
El Gobierno de Trump ha solicitado a la Corte Suprema que levante las restricciones, argumentando que la orden interfiere con la aplicación de las leyes migratorias. En un documento de más de 80 páginas, sus abogados sostienen que una “sospecha razonable” puede basarse en patrones de comportamiento, como hablar exclusivamente español o vestir uniformes asociados a empleadores que contratan indocumentados.
El caso ha generado testimonios de abusos. Reyna, ciudadana estadounidense y madre de un inmigrante salvadoreño detenido en su trabajo, denunció que su hijo fue golpeado y arrastrado, pese a tener un brazo recién operado. “Todavía tiene dolor”, afirmó, explicando que el hombre, sin antecedentes criminales, es el principal sostén de su hogar. Reyna, enferma de cáncer, pidió apoyo para familias afectadas y confía en que un juez de inmigración le otorgue fianza a su hijo.
Los organizadores también convocaron a un boicot contra empresas como Home Depot, Walmart, Target y cadenas de comida rápida, a las que acusan de guardar silencio ante las redadas. Además, instaron a la comunidad a respaldar a comercios locales y vendedores ambulantes que sufren las consecuencias económicas de los operativos.
La jornada de resistencia concluyó con un mensaje de unidad en el Parque MacArthur, donde líderes comunitarios reiteraron que seguirán movilizados mientras continúe la presión migratoria.