El alcalde reelecto de la provincia donde reside la diputada insinuó que podrían ser ‘usureros’ y ‘evasores’, pero declaró desconocimiento sobre otras acusaciones

El alcalde de la provincia de La Vega, Kilvin Cruz, emitió una declaración el miércoles en la que negaba tener conocimiento de las acusaciones de narcotráfico y lavado de activos dirigidas por el Ministerio Público contra la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, y su familia.

Cruz, reelegido alcalde de La Vega y nativo de la misma provincia donde reside la diputada, fue interrogado sobre el tema y expresó que aunque conocía a la familia, no tenía información sobre las acusaciones específicas de narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, sugirió la posibilidad de que estuvieran involucrados en actividades financieras irregulares como el usura o la evasión fiscal.

«Yo soy de La Vega, conozco esa familia y lo que yo conozco, ellos ni son narcotraficantes ni son personas que activan con el tema del lavado, pueden ser usureros y pueden ser evasores, pero tema de narcotráfico y lavado, yo no había escuchado eso».

Además de sus comentarios anteriores, Kelvin Cruz insinuó que la legisladora podría haber sido utilizada como un «chivo expiatorio«.

«Es lamentable, pero a menudo se utilizan chivos expiatorios para crear impacto y levantar la bandera de la justicia en nuestro país», declaró Kelvin Cruz.

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia encontró culpable a la legisladora por posesión de un patrimonio vinculado al lavado de activos del narcotráfico. Como resultado, fue sentenciada a cinco años de prisión, que cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, además de recibir una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público. Además, se confiscaron al menos 13 propiedades de la diputada.

Según el expediente presentado por el Ministerio Público, Pilarte estaba involucrada en una red criminal liderada por su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Miky López), dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico.

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