El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) prevé poner en funcionamiento la Inspección Técnica Vehicular (ITV), conocida popularmente como revista, durante el primer semestre de 2027, en cumplimiento de la Ley 63-17, tras casi una década sin un sistema de revisión técnica obligatoria.
El director ejecutivo del organismo, Juan Manuel Méndez García, informó que la institución trabaja junto con la Dirección General de Contrataciones Públicas para definir el mecanismo que permitirá implementar el servicio. Entre los preparativos figura la certificación de los talleres automotrices interesados en participar y de los técnicos que tendrán a su cargo las evaluaciones.
La revisión permitirá comprobar que los vehículos reúnan las condiciones mecánicas y de seguridad necesarias para circular, además de verificar el cumplimiento de las normas sobre emisiones contaminantes.
En cuanto al costo, el director general de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk, había señalado que la inspección tendría un precio aproximado de RD$2,000 por vehículo al año y que el procedimiento tomaría entre 10 y 15 minutos. Sin embargo, el Intrant todavía no ha publicado una tarifa definitiva ni los detalles operativos del servicio.
Una obligación establecida por ley
El artículo 166 de la Ley 63-17 establece que los vehículos de motor deben someterse a una revisión técnica anual antes de recibir el marbete de Inspección Técnica Vehicular. La legislación contempla una excepción para las unidades con menos de tres años de fabricación.
La normativa dispone que solo podrán aprobar la evaluación los vehículos que se encuentren en condiciones técnico-mecánicas adecuadas y cumplan con los límites establecidos para las emisiones contaminantes del aire y sónicas.
La revista vehicular permanece suspendida desde 2016. Aunque en años anteriores se anunciaron iniciativas para restablecerla, los procesos no llegaron a concretarse. En 2019, el Intrant convocó una licitación para implementar el programa, pero el procedimiento fue declarado desierto.
Con el nuevo calendario, la institución busca avanzar en la puesta en marcha de un mecanismo que permita evaluar periódicamente el estado del parque vehicular dominicano. Todavía quedan por definir aspectos como los centros autorizados, las tarifas oficiales y el procedimiento que deberán seguir los propietarios para obtener la certificación.