Un ciudadano recuperó su libertad tras permanecer casi veinte años recluido sin que existiera una sentencia definitiva sobre su caso, en lo que se considera una de las más graves vulneraciones de derechos fundamentales en el sistema de justicia penal dominicano.

El hombre estuvo privado de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Beller, de Dajabón, desde junio de 2006 bajo una medida de prisión preventiva que se prolongó injustificadamente durante dos décadas. La irregularidad fue detectada por la Oficina de Defensa Pública del Departamento Judicial de Montecristi, cuyos abogados asumieron la representación legal y emprendieron una revisión exhaustiva del expediente.

Durante el análisis, los defensores hallaron informes médicos que acreditaban la condición de salud mental del interno y constataron que en 2009 se había solicitado un procedimiento especial para personas inimputables, petición que fue rechazada por el tribunal. En su lugar, se dispuso la suspensión de la acción penal hasta que el ciudadano recuperara su salud, decisión que lo dejó en un limbo judicial por casi veinte años.

La Defensa Pública desplegó una estrategia integral que incluyó la interposición de un habeas corpus y un recurso de apelación. Finalmente, la Corte ordenó su liberación el 25 de febrero de 2026, corrigiendo una de las más prolongadas restricciones al derecho fundamental a la libertad registradas en el país.

El director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, destacó que este caso reafirma el compromiso institucional con la protección de los derechos fundamentales y la dignidad humana, especialmente de las personas en condición de vulnerabilidad.

Más allá de la libertad obtenida, el proceso deja al descubierto fallas estructurales en el sistema penal y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.