OPINIÓN, ANDRÉS A. AYBAR BÁEZ PARA 7 SEGUNDOS.-
Hoy escribo estas líneas con el peso acumulado de generaciones completas que han partido de este mundo esperando justicia.

Escribo en nombre de hijos, nietos y descendientes que desde 1975 han vivido atrapados en un interminable laberinto burocrático, luego de que el Estado dominicano, mediante declaratoria de utilidad pública realizada durante el gobierno del Dr. Joaquín Balaguer, tomara más de cinco millones de metros cuadrados en la provincia La Altagracia pertenecientes a la sucesión del Dr. Luis Eduardo Aybar Jiménez.

No quisiera abundar demasiado sobre la vida y el legado del Dr. Aybar Jiménez. Basta recordar que el principal centro sanitario público de la República Dominicana lleva hoy su nombre para comprender la dimensión humana, profesional y patriótica de quien dedicó su vida al servicio del país.

Sin embargo, resulta profundamente doloroso y contradictorio que precisamente los sucesores de un hombre cuyo nombre honra al sistema de salud nacional hayan tenido que atravesar más de cincuenta años reclamando el cumplimiento de una obligación legítima del propio Estado dominicano.

No estamos hablando de una reclamación improvisada ni de un litigio ambiguo.

Existe una sentencia definitiva.
Existe un justo precio establecido.
Existe un registro formal de la obligación.
Existen partidas presupuestarias contempladas.
Existen todos los requisitos legales cumplidos.

Y aun así… seguimos esperando.

Han pasado gobiernos.
Han pasado funcionarios.
Han pasado ministros, procuradores y administraciones completas.

Y también han pasado familiares nuestros que murieron esperando ver honrado un derecho adquirido legítimamente.

La pregunta obligada es:
¿qué mensaje envía el Estado dominicano cuando incumple durante décadas una obligación reconocida por sus propios tribunales?

En cualquier sociedad seria, el respeto a la propiedad privada constituye una de las columnas vertebrales de la seguridad jurídica, de la confianza inversionista y del propio orden democrático. Cuando el mismo Estado vulnera, posterga o dilata indefinidamente obligaciones debidamente documentadas y sentenciadas, se crea una peligrosa sensación de impotencia frente al poder.

No se trata únicamente de dinero.
Se trata de respeto institucional.
Se trata de credibilidad.
Se trata de justicia.

Porque cuando un ciudadano común incumple una obligación con el Estado, inmediatamente se activan recargos, embargos, intereses y sanciones. Pero cuando el Estado incumple frente al ciudadano, parece refugiarse eternamente detrás de la burocracia, los tecnicismos y el desgaste humano de quienes reclaman.

Y eso no puede seguir siendo normal.

La sucesión del Dr. Luis Eduardo Aybar Jiménez no está pidiendo favores.
No está solicitando privilegios.
No está reclamando nada fuera de la ley.

Está exigiendo el cumplimiento de una obligación legal, moral e institucional que lleva más de medio siglo esperando ser honrada.

Ya es tiempo de que el Estado dominicano deje su incumplimiento, abandone las dilaciones innecesarias y asuma con seriedad las responsabilidades que sus propias instituciones han reconocido formalmente.

Porque la justicia tardía también termina siendo injusticia.

Y porque ningún país puede aspirar a fortalecerse institucionalmente mientras obliga a generaciones enteras a morir esperando el cumplimiento de derechos legítimamente adquiridos.