SANTO DOMINGO.- El Senado convirtió en ley el Presupuesto General del Estado para 2025, con un monto total de un billón 681,728 millones de pesos, proyectando ingresos de un billón 330,737 millones de pesos y gastos estimados en un billón 571,566 millones de pesos, lo que genera un déficit equivalente al 3.0 % del PIB.
El plan incluye una estrategia de financiamiento que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a gestionar más de 6,552 millones de dólares en créditos internacionales para financiar 37 proyectos clave de inversión en sectores como infraestructura, transporte, energía, educación, agua potable y saneamiento.
Proyectos destacados
Entre las iniciativas contempladas se encuentran:
- Monorriel de Santiago de los Caballeros: El gobierno buscará 500 millones de dólares de financiamiento internacional para esta obra, también incluida en el presupuesto 2024.
- Ampliación de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo: Con un costo estimado de 371.5 millones de dólares, este proyecto será ejecutado por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).
- Plan Nacional de Conectividad Vial (Planacovial): Se gestionarán 600 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para modernizar la infraestructura vial del país.
- Construcción de la verja fronteriza con Haití: El proyecto, liderado por el Ministerio de Defensa, requerirá un financiamiento de 239.9 millones de dólares.
- Rehabilitación y mantenimiento de puentes: El gobierno buscará 200 millones de dólares a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Tren Metropolitano de Santo Domingo: Aunque no tiene recursos asignados, se gestionarán 500 millones de dólares con la banca internacional para su ejecución.
Condiciones de financiamiento
Todos los créditos deberán ser gestionados bajo términos competitivos, con tasas de interés acordes al mercado y un plazo mínimo de siete años.
Apoyo internacional
El presupuesto prevé la colaboración de organismos como el BID, la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el BCIE, entre otros.
El proyecto de ley refleja el compromiso del Gobierno con el desarrollo y la transformación de la infraestructura nacional, asegurando recursos para proyectos de gran impacto social y económico.