El Ministerio Público tiene plazo hasta las 11:00 p.m. de este lunes para presentar la acusación formal contra nueve agentes de la Policía Nacional y una civil, involucrados en la «Operación Pandora». La investigación revela una red criminal dentro de la institución, liderada por el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien tenía a su cargo la custodia de armas y municiones.
Entre los implicados en la «Operación Pandora» se encuentran altos oficiales y agentes de diferentes rangos, así como una civil. Los arrestados incluyen:
– Coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la Intendencia de Armas.
– Juan Miguel Pérez Soler, subintendente.
– Capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos.
– Capitán Víctor Manuel Santos, auditor que presuntamente falsificó una auditoría en febrero para ocultar el robo de cientos de municiones.
– Segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
– Sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat.
– Cabo Juan Luis Díaz Medina.
– Rasos Rubiel Martínez (alias «Escobar») y Moreibin Medina Pérez.
– Miguelina Bello Segura, la única civil involucrada en la red
La Fiscalía señaló que el capitán Víctor Manuel Santos, quien llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas, habría manipulado los resultados de varias auditorías para encubrir la desaparición de cientos de municiones. Además, se le acusa de haber colaborado con los líderes de la red criminal para alterar nuevamente los registros, en un intento por obstruir la investigación. Sin embargo, este intento fue frustrado gracias al seguimiento minucioso de los investigadores.
Impacto y reforma
El organismo valoró el compromiso de la Policía Nacional con el Estado de derecho al denunciar estos hechos y consideró que este caso marcará un precedente en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas del orden. «Estamos convencidos de que este caso marcará un antes y un después», concluyó.
La Operación Pandora se perfila como un ejemplo de transparencia y compromiso en la depuración institucional en República Dominicana.