Los representantes legales de 17 personas afectadas por la explosión ocurrida el pasado 14 de agosto, que resultó en la pérdida de más de 40 vidas, han anunciado la presentación de una demanda por daños y perjuicios patrimoniales y civiles. Los demandados incluyen al Estado, al Ayuntamiento encabezado por José Bienvenido Montas, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, al ministro Deligne Ascensión, y a la empresa Consorcio RYLCO y Asociados.
Los abogados a cargo del caso, Roberto Oscar Faxas Sánchez, Bernardo Ledesma, Pedro Casado Jacobo y Rafael Manuel Nina Vásquez, explicaron que la demanda fue presentada ante el Tribunal Superior Administrativo, siguiendo el artículo 148 de la Constitución de la República, que según ellos establece la responsabilidad del Estado en situaciones como la ocurrida.
Destacaron que esta demanda representa un hecho sin precedentes en el país, siendo la primera vez que se presenta este tipo de reclamación judicial. A seis meses de la explosión, los familiares de las víctimas aún exigen una investigación más exhaustiva para esclarecer los hechos completamente.
En el aniversario de la tragedia, las familias afectadas continúan buscando justicia con pancartas en mano, lamentando la falta de certeza sobre las causas de la explosión. La Comisión de la Verdad de San Cristóbal ha reiterado su llamado a una investigación responsable, señalando que hasta el momento, ni el Ministerio Público ni otras autoridades competentes han llevado a cabo las indagatorias necesarias para esclarecer completamente los hechos.