El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández recibió este miércoles una condena de 45 años de prisión por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.
Un tribunal de Manhattan en Nueva York lo había declarado culpable en marzo de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y de poseer «dispositivos destructivos», como ametralladoras.
Los fiscales de Nueva York alegaron que Hernández había dirigido el país centroamericano como un «narcoestado» y aceptado millones de dólares en sobornos de narcotraficantes para protegerlos de la ley.
«Pavimentó una autopista de cocaína hacia Estados Unidos, protegido por ametralladoras», expresaron los fiscales en sus argumentos finales antes de anunciar la condena.
Un jurado lo condenó en marzo en un tribunal federal de Manhattan después de un juicio de dos semanas, que fue seguido de cerca en su país de origen.
Sobre el juicio
“Soy inocente”, expresó Hernández en su audiencia de condena, y aseguró haber sido “acusado errónea e injustamente».
Durante la audiencia, el juez lo calificó como un “político de dos caras hambriento de poder”.
El exmandatario de 55 años se encuentra recluido en una cárcel de Brooklyn (Nueva York) desde que fue extraditado a Estados Unidos.
El juez de Manhattan que supervisaba el caso rechazó el mes pasado su moción para un nuevo juicio después de que sus abogados argumentaran que el proceso estuvo contaminado por el testimonio incorrecto de un agente de la ley que declaró que el tráfico de cocaína había aumentado en Honduras durante el mandato del ex presidente.
El juez de distrito estadounidense Kevin Castel consideró que el error era «inmaterial» en relación al cargo de conspiración con narcotraficantes.
«La condena de Hernández se basó en el testimonio, durante el transcurso de un juicio de tres semanas, de numerosos testigos, cuyos relatos fueron corroborados en parte por registros telefónicos y un libro de contabilidad de drogas recuperado», escribió el juez Castel.
Su vínculo con el narcotráfico
Hernández fue presidente de Honduras de 2014 a 2022 y sirvió durante dos mandatos consecutivos en esta nación de más de 10 millones de habitantes.
Inicialmente se presentó como candidato de la ley y el orden, y prometió abordar el problema de los delitos relacionados con las drogas en el país.
Sin embargo, los fiscales lo acusaron de asociarse con «algunos de los narcotraficantes más importantes del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de cocaína a Estados Unidos».
Tres meses después de dejar el puesto, fue extraditado a Nueva York y arrestado en abril de 2022 para enfrentar cargos federales en Estados Unidos.
Anteriormente se le había considerado un importante aliado de Estados Unidos, que envió a Honduras más de US$50 millones en asistencia antidrogas y varios millones de dólares más en seguridad y ayuda militar.
En 2019, el entonces presidente Donald Trump dio las gracias a Hernández por «trabajar muy de cerca con Estados Unidos».
Hernández, por su parte, agradeció a Trump y al pueblo estadounidense «el apoyo que nos han brindado en la firme lucha contra el narcotráfico».
Posteriormente, los fiscales descubrieron que Hernández estaba vinculado con narcotraficantes desde 2004, mucho antes de convertirse en presidente, y había facilitado el contrabando de unas 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Afirmaron que los narcotraficantes le pagaron millones de dólares en sobornos para permitir el contrabando de cocaína desde Colombia y Venezuela a través de Honduras hacia Estados Unidos.
Los testimonios
Durante el juicio, varios narcotraficantes condenados confesaron haber sobornado a Hernández. Su defensa argumentó que quienes testificaron en su contra lo hicieron en su propio beneficio.
Hernández también subió al estrado para declarar en su propia defensa, acusando a los testigos que hablaron en su contra de ser «mentirosos profesionales».
Los fiscales alegaron que había utilizado el dinero del narcotráfico para luego sobornar a funcionarios y manipular a su favor las elecciones presidenciales de Honduras de 2013 y 2017.
Tras negar las acusaciones, Hernández afirmó que se convirtió en «víctima de una vendetta y una conspiración del crimen organizado y enemigos políticos».