El exdirector ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), José García Ramírez, defendió el manejo de los recursos durante su gestión y manifestó su disposición de colaborar con las autoridades para aclarar cualquier aspecto relacionado con la administración de la institución.

Sus declaraciones se producen luego de que la Contraloría General de la República diera a conocer una auditoría correspondiente al período comprendido entre septiembre de 2020 y diciembre de 2024, durante gran parte del cual García Ramírez estuvo al frente del CONAPE. 

Entre los hallazgos señalados por la auditoría figuran desembolsos por RD$162.2 millones que no contaban con todos los documentos de soporte requeridos, así como una subejecución presupuestaria de más de RD$203 millones durante el período examinado. 

El informe también identificó debilidades en el programa Familias de Cariño, entre ellas expedientes incompletos y casos de envejecientes y cuidadores que figuraban simultáneamente en nóminas públicas. Además, fueron señaladas deficiencias en el control de activos, expedientes de empleados y asignaciones de combustible. 

Ante estos señalamientos, García Ramírez sostuvo que los desembolsos realizados mientras estuvo en el cargo respondieron a las necesidades operativas y administrativas del CONAPE, así como a la ejecución de programas destinados a mejorar la calidad de vida de las personas envejecientes.

El exfuncionario afirmó además que los procesos de ejecución presupuestaria están sujetos a mecanismos de revisión, fiscalización y aprobación de la Contraloría General de la República, por lo que aseguró que los gastos de su administración estuvieron sometidos a los controles establecidos. 

García Ramírez reiteró que está dispuesto a ofrecer las explicaciones y documentación que sean necesarias y manifestó su confianza en los mecanismos institucionales de fiscalización.

La Contraloría, por su parte, informó que los informes publicados forman parte de un proceso de divulgación de auditorías a instituciones públicas, con el propósito de fortalecer la transparencia y permitir que los ciudadanos conozcan los resultados de las fiscalizaciones.