OPINIÓN, JASMILEY ORTÍZ.- La Inteligencia Artificial esta conceptualizada como la rama de la ciencia informática que tiene como objetivo diseñar tecnología que emule la inteligencia humana. Proyectos que hace décadas podrían verse utópicos, hoy se han convertido en un pilar fundamental para las economías, contribuyendo a la agilización de tareas mecánicas, desburocratización y automatización de los procesos, a un nivel tal que tanto la operatividad de las empresas como la productividad humana se apoyan fuertemente en soluciones de IA.
Ejemplos de ello son asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google Assistant, plataformas interactivas como ChatGPT, los sistemas de recomendaciones en Netflix, Amazon o Spotify, las herramientas de automatización empresarial, e incluso los chatbots de atención al cliente que ya sustituyen tareas humanas, que funcionan con sistemas que necesitan alimentarse en de información personal de los usuarios, que podría ser vulnerada en un momento determinado.
Es por eso que su implementación en el país ha generado interrogantes en relación a la protección de datos personales, la responsabilidad civil y penal frente a daños ocasionados por sistemas autónomos y la seguridad económica y laboral. A medida que la IA sustituye tareas mecánicas y rutinarias, surge una brecha que afecta a trabajadores tradicionales y, al mismo tiempo, abre un escenario desafiante para los emprendedores: competir en un entorno digital exige innovación, adaptación y el respaldo de un marco legal que promueva la equidad y evite la concentración de oportunidades en manos de pocos.
Aunque se han visto iniciativas legislativas, actualmente la República Dominicana carece de una ley específica en materia de IA, lo que provoca que su regulación se rija por normas supletorias, como la Ley 172-13 de Protección de Datos Personales, la Ley 53-04 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la propia Constitución de la República que regula los derechos de los ciudadanos. Normas útiles, pero no específicas, pues aunque estas disposiciones ofrecen un piso legal, la ausencia de una legislación especializada deja grandes vacíos, dado que, estos instrumentos no regulan de manera integral temas como la atribución de responsabilidades, la transparencia algorítmica ni el impacto social de la automatización.
Es importante destacar que el desarrollo inminente la IA se viene discutiendo hace tiempo, por eso en el año 2020 se lanzó la Alianza Global sobre Inteligencia Artificial, a los fines de promover que la IA se desarrolle de acuerdo con los derechos humanos y los valores democráticos, para garantizar la confianza del público en la tecnología. Es por esto que muchos países ya cuentan con legislaciones que regulan el uso de la IA, han actualizado su marco laboral y han creado políticas para mitigar el impacto de la IA en la mano de obra humana.
Por ello, se hace necesario avanzar hacia una ley dominicana de inteligencia artificial que establezca principios de ética, transparencia, protección de derechos digitales y responsabilidad jurídica clara, para garantizar un marco de seguridad para los ciudadanos, al tiempo que se fomentaría la innovación empresarial y se protegería a emprendedores y trabajadores frente a los riesgos derivados de la automatización.