OPINIÓN, POR LUIYI ESPINOSA.- Así como el león es considerado el rey de la selva, en nuestras calles ha surgido una especie que parece haber reclamado ese mismo título: el parqueador. Un mamífero urbano que delimita su territorio con cubetas negras, sillas colocadas boca abajo y, en ocasiones, un palo en la mano derecha. Su reino no tiene árboles ni ríos; tiene aceras, contenes y calles públicas que, por alguna razón, considera de su propiedad.
Cuenta la historia que en 1904 llegó a la República Dominicana el primer automóvil, traído por el fotógrafo Julio Pou. Desde entonces, mientras el país avanzaba hacia la modernidad, también se fue desarrollando una particular forma de control territorial alrededor de los vehículos: la del hombre que decide quién puede estacionarse, dónde puede hacerlo y cuánto debe pagar por ocupar un espacio que no le pertenece.
Hoy pasé por los alrededores del Centro Médico Moderno y, señores, ¡encontré al rey de la selva! El león que no posa en el Zoológico Nacional tiene su territorio en la calle José López, entre Charles Summer y Amelia Francasci.
Allí, con sus cubetas negras y sus sillas estratégicamente colocadas, marca los límites de su reino. Luce un chaleco color mamey, como si fuera un trabajador de Obras Públicas, y porta su palo con la seguridad de quien cree tener autoridad sobre una calle que pertenece a todos.
Llega temprano, ocupa el espacio y establece sus propias reglas. Y pobre de aquel conductor que no quiera someterse al tributo del rey. Porque, según denuncian ciudadanos ante situaciones de este tipo, negarse a pagar puede convertirse en motivo de intimidación, amenazas o temor a que el vehículo termine con un cristal roto o un retrovisor destruido.
Y yo me pregunto: ¿qué tan lucrativo puede resultar administrar, sin autorización, unos 130 metros de ambos lados de una vía pública? Quizás estemos ante una de las pocas profesiones que la inteligencia artificial no podrá sustituir. No porque requiera conocimientos extraordinarios, sino porque parece depender de algo que ningún algoritmo puede reproducir con facilidad: la capacidad de convertir el espacio público en un negocio particular a fuerza de costumbre, presión e intimidación.
Lo más preocupante es que hemos llegado a normalizar esta situación. Hay conductores que pagan no porque reciban un servicio que desean, sino para evitar problemas. Otros terminan buscando estacionamiento en lugares más lejanos, aunque existan espacios disponibles, porque no quieren enfrentarse al supuesto dueño de la calle. Así, poco a poco, el ciudadano aprende a pedir permiso para utilizar lo que legalmente es de todos.
Y no, esto no es una defensa del desempleo ni una invitación a ignorar las dificultades económicas de quienes se ganan la vida en las calles. Es una pregunta sobre los límites. Una cosa es ofrecer ayuda para estacionar y recibir voluntariamente una propina; otra muy distinta es apropiarse de una vía pública, imponer condiciones y hacer sentir al ciudadano que debe pagar un peaje informal para evitar represalias.
Por eso, las autoridades deben prestar atención. No basta con realizar operativos ocasionales que desaparecen tan rápido como llegan. Hace falta una actuación sostenida, coordinación entre las instituciones competentes y una respuesta clara frente a la ocupación irregular de las calles y cualquier conducta de intimidación.
Porque si cada quien puede colocar sus cubetas, delimitar su territorio y decidir quién tiene derecho a estacionarse, entonces la pregunta ya no es dónde vamos a estacionar nuestros vehículos. La pregunta es quién gobierna nuestras calles.
Y mientras esperamos una respuesta, el león seguirá sentado en su reino de cemento, con el palo en la mano y las cubetas en el suelo, convencido de que la selva le pertenece.
Pero conviene recordarle algo: la calle no es suya, el espacio público no tiene dueño particular y ningún ciudadano debería pagar bajo amenaza por ejercer un derecho que pertenece a todos.