OPINIÓN, ANDRÉS A. AYBAR BÁEZ PARA 7 SEGUNDOS MULTIMEDIA.- Los recientes desastres provocados por los terremotos en Venezuela han vuelto a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuánto cuesta, en vidas humanas, sacrificar las normas técnicas en nombre de la política?
La construcción de viviendas y edificios nunca puede responder únicamente a una meta cuantitativa o propagandística. Construir más no significa construir mejor. Cuando se relajan los controles de calidad, se sustituyen las normas de ingeniería por decisiones políticas o se debilita la supervisión técnica, el resultado puede permanecer oculto durante años… hasta que la naturaleza presenta la factura.
Los sismos no destruyen edificios bien diseñados; ponen a prueba la calidad de su construcción. Las normas de diseño sísmico existen precisamente porque los terremotos son inevitables. Lo que sí puede evitarse es que una estructura colapse por deficiencias de diseño, materiales inadecuados, supervisión insuficiente o incumplimiento de los códigos de construcción.
Si un país reduce los estándares técnicos para acelerar programas masivos de vivienda, elimina controles independientes o prioriza la rapidez sobre la calidad, aumenta el riesgo de que futuras generaciones paguen un precio demasiado alto. Ese costo no se mide solo en dinero, sino también en vidas, familias destruidas y comunidades enteras marcadas por la tragedia.
Esto no significa que cada edificio que colapse sea consecuencia exclusiva de decisiones políticas. Factores como la magnitud del sismo, la antigüedad de las edificaciones, el mantenimiento, el tipo de suelo y la intensidad del evento también influyen de manera decisiva. Sin embargo, cuando las normas de construcción dejan de ser una prioridad, la vulnerabilidad de una sociedad aumenta considerablemente.
La verdadera política social no consiste únicamente en entregar viviendas. Consiste en garantizar que esas viviendas sean seguras, resistentes y capaces de proteger a quienes las habitan durante décadas.
La experiencia venezolana deja una lección que trasciende cualquier ideología. Todos los países, incluyendo la República Dominicana, deben fortalecer el cumplimiento de los códigos de construcción, la independencia de las supervisiones técnicas, la transparencia en las licitaciones y la capacitación permanente de ingenieros, arquitectos y constructores.
La infraestructura de una nación no admite improvisaciones. Los edificios pueden permanecer en pie durante cincuenta o cien años; las decisiones equivocadas que se toman durante su construcción pueden acompañar a varias generaciones.
Porque, al final, la naturaleza no distingue entre gobiernos de izquierda o de derecha. Un terremoto solo pone a prueba la calidad de lo que el ser humano decidió construir.