OPINIÓN, ANDRÉS A. AYBAR BÁEZ, para 7 SEGUNDOS.- Un amigo me escribió desde España, reflexionando a la distancia sobre nuestras eternas contradicciones como país. Su mensaje, directo y punzante, me sacudió: “¿Cómo es posible que a estas alturas el jodido Código Penal dominicano siga secuestrado por el debate sobre el aborto, y más aún, por las tres causales?”
Tiene razón.
Llevamos más de dos décadas arrastrando la reforma del Código Penal. Y no por falta de consenso en la mayoría de sus artículos —que abordan temas urgentes como el sicariato, la corrupción, el feminicidio, el robo agravado, el crimen organizado o el delito cibernético—, sino por una sola traba ideológica: el aborto.
En un país donde los niveles de violencia, impunidad y desigualdad crecen como plagas, el principal cuerpo normativo penal sigue congelado por la falta de decisión política. ¿Y el pueblo? Rehenes de una batalla que debería haberse resuelto por la vía legislativa, con madurez y visión institucional, no en trincheras ideológicas que terminan por anular todo avance.
El debate sobre las tres causales es legítimo, necesario y humano. Pero no puede seguir funcionando como freno absoluto a la promulgación de un Código que el país entero necesita con urgencia. Si hay que legislar las causales por separado, que se haga. Si hay que abrir un proceso nacional de consultas, que se convoque. Pero seguir chantajeando una reforma integral por un punto en discusión es no solo ineficiente, sino irresponsable.
¿Acaso los delincuentes comunes, los corruptos de cuello blanco, los agresores sexuales o los autores de crímenes atroces están esperando que resolvamos el tema del aborto para actuar?
El Congreso Nacional debe asumir su responsabilidad histórica. El país no puede seguir aplazando lo esencial por lo ideológico. La modernización del sistema de justicia penal no puede depender de una eterna “toma y daca” entre extremos. La ley debe avanzar con realismo, paso a paso, pero sin frenos autoimpuestos.
Ya es hora.
Júegatela, República Dominicana.