ESTADOS UNIDOS.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este viernes que el Gobierno reducirá los beneficios fiscales disponibles para inmigrantes indocumentados y aumentará la supervisión sobre las remesas enviadas al extranjero. La medida sigue la orden del presidente Donald Trump de frenar la inmigración “de todos los países del tercer mundo”.
Bessent explicó en X que, por instrucción del presidente, se trabaja para “recortar los beneficios federales de los extranjeros ilegales y preservarlos para los ciudadanos estadounidenses”. Los cambios excluirán a indocumentados y a otros extranjeros no calificados de las porciones reembolsables de créditos fiscales como el crédito por ingreso del trabajo, el crédito adicional por hijos, el crédito de oportunidad americana y el crédito por aportaciones a cuentas de ahorro.
En la publicación de Trump compartida por Bessent, el presidente afirmó que un migrante con residencia legal que gana 30,000 dólares al año recibe “aproximadamente” 50,000 dólares en beneficios familiares.
Aumento de controles tras ataque en Washington D.C.
Trump también anunció que su Gobierno interrumpirá de forma permanente la migración “de todos los países del tercer mundo”, decisión que vinculó al tiroteo ocurrido el miércoles en Washington D.C., donde un ciudadano afgano atacó a la Guardia Nacional, causando la muerte de una agente y dejando a otro en estado crítico.
En este contexto, Bessent difundió una alerta de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sobre las transferencias transfronterizas. Según la entidad, en 2024 se enviaron más de 72,000 millones de dólares desde EE. UU. en remesas. La alerta señala que, aunque la mayoría de estas transferencias son legítimas, algunas han sido utilizadas para operaciones de financiamiento terrorista mediante envíos de bajo monto.
FinCEN pidió a las empresas de envío de dinero reforzar la vigilancia y reportar actividades sospechosas vinculadas a remesas de inmigrantes indocumentados, recordando que deben notificar operaciones irregulares desde 2,000 dólares. Bessent concluyó que quienes se encuentren en el país de forma ilegal “no tienen lugar” en el sistema financiero.