EEUU.- El exasesor de seguridad nacional Stephen Miller afirmó en mayo en Fox News que, bajo la administración de Donald Trump, Immigration and Customs Enforcement (ICE) tenía como objetivo arrestar a un mínimo de 3,000 inmigrantes por día, una meta que consideraba esencial para implementar su agenda de deportaciones masivas.
Sin embargo, cuando jueces federales requirieron aclaraciones sobre dicha cifra en demandas recientes, la administración negó haber establecido alguna cuota oficial de arrestos. La contradicción surgió en un caso que cuestiona redadas en Los Ángeles supuestamente ilegales por la presión de cumplir metas diarias de detención.
La jueza Jia Cobb, nombrada por Biden y radicada en Washington, lanzó una orden judicial al considerar que la expansión de procesos de deportación acelerada violaba la ley. También la jueza Trina Thompson, de San Francisco, citó el supuesto objetivo de arrestos como evidencia clave al bloquear la eliminación del estatus de protección temporal de miles de inmigrantes nicaragüenses, hondureños y nepalíes.
Declaraciones del Departamento de Justicia
A pesar de ello, el Departamento de Justicia (DOJ) declaró ante el Tribunal de Apelaciones del 9.º Circuito que ni la dirección de ICE ni sus oficinas de campo han recibido instrucciones para cumplir cuotas numéricas en arrestos, detenciones o deportaciones. El abogado del DOJ, Yaakov Roth, atribuyó el origen de las acusaciones a “informes anónimos en periódicos”.
La contradicción generó preocupación sobre la credibilidad del gobierno ante los tribunales. Al abordar el caso de las redadas en Los Ángeles, los jueces del 9.º Circuito advirtieron que los criterios utilizados por ICE —como presencia en tiendas de mejoras para el hogar o lavado de autos— “implican sospecha injustificada sobre segmentos de población que parecen hispanos o hablan con acento”.
Durante las audiencias, los abogados presionaron al DOJ sobre si tenía existencia una meta no declarada que pudiera inducir arrestos sin sospecha razonable. Roth reconoció que tal meta, de existir, podría favorecer argumentos de violaciones constitucionales, pero afirmó que no justificaba una orden judicial inmediata.
Organizaciones como la ACLU han destacado que, aunque el gobierno niegue públicamente dichas metas, estas pueden influir en la conducta de los agentes y motivar métodos agresivos. Una carta enviada al tribunal sostuvo que la formulación cuidadosa del DOJ “no niega una cuota de arrestos”, y ese tipo de políticas pueden moldear el comportamiento de agentes y oficiales.
La polémica refleja la tensión entre los discursos públicos del asesorado gobierno del expresidente Trump y la postura oficial del DOJ en tribunales, en un momento clave de confrontación legal sobre las tácticas de inmigración y las garantías constitucionales en Estados Unidos.