Según el director del Fideicomiso DO Sostenible, Armando Paíno Henríquez, cumplir con la regulación de los vertederos de residuos sólidos, de acuerdo con las leyes establecidas, costaría al Estado dominicano entre 7,000 y 9,000 millones de pesos. Henríquez señaló que esta inversión requiere que la ciudadanía comprenda que «la basura debe ser pagada».
Henríquez dice que se espera que el fideicomiso público-privado recaude alrededor de RD$ 2,000 millones de pesos al año, junto con otras medidas implementadas, lo que permitirá cubrir los próximos dos o tres años de trabajo sin dificultades.
Sin embargo, el funcionario destacó que la Ley 225-20, de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, establece el requisito de cobrar por el servicio de recolección de basura.
Además de la obligación de cobrar, la Ley establece diversas soluciones para reducir los costos, entre ellas la implementación de rellenos sanitarios regionales. Esta iniciativa formaría parte del Plan Nacional de Sitios de Disposición Final, un documento elaborado por el Fideicomiso y el Ministerio de Medio Ambiente.
Rellenos Sanitarios alrededor del país
El gobierno actualmente promueve la gestión de residuos sólidos a través de la utilización de rellenos sanitarios como lugares de disposición final, especialmente para los desechos de tipo orgánico. Según lo señalado por Henríquez, esto ya no se maneja de la misma manera como se hacía en el pasado, ya que la Ley 225-20 establece las pautas operativas para estos sitios.
Los rellenos sanitarios actuales tienen una estructura similar a una piscina con el suelo impermeabilizado. Se colocan diferentes capas de residuos y se utiliza una geomembrana para evitar que los líquidos lixiviados se filtren. Estos líquidos son drenados y enviados a otra piscina para su tratamiento o evaporación.
Este mismo proceso se aplica para el cierre de vertederos a cielo abierto. Se utilizan seis tipos de capas que incluyen caliche, grava mezclada con arena y una geomembrana que asegura una vida útil de 20 años. Además, se realiza un monitoreo periódico de estas capas.
Según el director de DO Sostenible, en el proceso final de cierre no se utilizan árboles. En su lugar, se utiliza césped para cubrir el área y se instalan tuberías de gases para tratar los líquidos lixiviados y evitar la combustión interna del vertedero.
«Si no entendemos que esto es un servicio público que tiene que ser pagado, el sistema a largo plazo no va a funcionar» «
Armando Paíno Henríquez, Director del Fideicomiso DO Sostenible
Consultado sobre el transporte de los residuos hacia los rellenos o plantas de valorización, Henríquez citó el ejemplo del relleno sanitario de Dajabón, en donde se ha exigido a los camiones que tengan una cobertura de lona al momento de circular los desechos.
«Es un proceso porque hay muchos camiones que no están diseñados para recibir la basura, por la carencia de los ayuntamientos han tenido que recurrir a esos camiones. Eventualmente tendremos que ir hacia un sistema de recolección que cumpla con las exigencias de transportar residuos. Hay que ir transformando poco a poco», detalló.
El papel del Fideicomiso
El gobierno dominicano lanzó en 2021 el Fideicomiso Público-Privado de Gestión Integral de Residuos como una herramienta para abordar el problema de los residuos sólidos en República Dominicana. Según Paíno Henríquez, esto se debió a la implementación de la Ley 225-20, que estableció una contribución especial por parte de las empresas.
Henríquez explicó: «La contribución es una tarifa anual que todas las empresas deben pagar, y varía según una escala: las empresas que generan más de 100 millones de pesos en ingresos brutos deben pagar 250,000 pesos; aquellas que generan entre 50 y 100 millones de pesos pagan 90,000 pesos, y el monto se reduce hasta llegar a 90,000 pesos para las empresas que no generan ingresos». El funcionario destacó que la contribución está vinculada a la declaración de impuestos sobre la renta realizada por las empresas.