Tras más de 14 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el esperado proyecto de reforma del Código Penal con 159 votos a favor y solo 4 en contra.
La ley incorpora más de 70 nuevas tipificaciones y endurece las penas existentes. Con esta aprobación, la pieza irá al Senado para su lectura única; si se modifica en la Cámara Alta, deberá regresar a Diputados, o será desecha si no se ratifica.
Más de 50 diputados intervinieron y más de 60 propusieron enmiendas, no todas aceptadas. El proyecto es el resultado de negociaciones con la Procuraduría General.
Nuevos delitos y agravantes
- Carreras ilegales: penas de 10 a 20 años de prisión mayor y multa de 20 a 30 salarios públicos.
- Ciberbullying (artículo tras el 122): publicación de información íntima o humillante en medios digitales, pena de dos a cinco años de prisión menor y multa de 9 a 15 salarios.
- Ácido del diablo (art. 103): arrojar sustancias tóxicas con riesgo de lesiones graves: hasta 30 años y multa de 30‑40 salarios; si se causa muerte: 40 años y multa de 50‑1000 salarios.
Eximentes y regulaciones
- Aborto terapéutico (art. 112): se exime de sanción si se realiza por médicos especializados para salvar la vida de la madre o el feto tras agotar medios científicos. Una moción para aclarar el procedimiento fue rechazada.
- Iglesias exentas (art. 13): responsabilidades penales recaerán solo sobre individuos que actúen en representación de una entidad religiosa.
- Violencia intrafamiliar: se exime la educación con respeto al interés superior del niño.
Protección a grabaciones públicas
- Nuevo artículo 286: prohíbe a policías y militares impedir la grabación de arrestos o allanamientos. Si lo hacen, enfrentarán hasta un año de prisión menor y multa equivalente a 1‑2 salarios. La grabación solo puede publicarse con consentimiento.
Revisiones vehiculares ilegales
- Requisas de vehículos sin causa probable serán sancionadas. Si hay uso excesivo de fuerza o daños, la pena aumenta a 1‑2 años y multa de 3‑6 salarios públicos.
La reforma propone enjuiciar penalmente omisiones graves y abusos que afectan derechos fundamentales. Ahora pasará al Senado, donde se espera debate sobre ajustes que definirán su destino final.