Un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) deberá cumplir tres meses de prisión preventiva luego de ser señalado por presuntamente facilitar la salida del país de dos dominicanos que tenían impedimentos para viajar.
Se trata de Esteban Nohassis Mogena González, quien estaba asignado al Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) y cumplirá la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, por disposición de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este.
Según la acusación presentada ante el tribunal, el funcionario habría utilizado su posición en el área de control migratorio para permitir que los pasajeros sortearan los mecanismos establecidos para detectar restricciones de salida. Uno de ellos consiguió abordar un vuelo con destino a Las Bahamas.
La investigación sostiene que Mogena González atendió personalmente a ambos viajeros en el puesto de Migración y, durante el procedimiento, habría omitido el escaneo de sus huellas dactilares y la certificación de sus salidas en el sistema.
Las autoridades también lo señalan de haber recibido miles de dólares a cambio de realizar estas maniobras. El caso ocurrió el pasado jueves 24 en el área de salidas del AILA y fue sustentado ante el tribunal con evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales.
De acuerdo con la DGM, el inspector ya era objeto de un seguimiento interno desde hacía varios meses, debido a inconsistencias detectadas en el desempeño de sus funciones.
El Ministerio Público le atribuye la presunta violación de disposiciones del Código Penal y de la Ley General de Migración 285-04 relacionadas con asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
Tras la decisión judicial, la Dirección General de Migración informó que inició el procedimiento administrativo correspondiente para suspender al funcionario y encaminar su desvinculación de la institución.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, reiteró que la institución mantiene una política de cero tolerancia frente a actos de corrupción y que cualquier servidor involucrado en este tipo de prácticas será sometido a la justicia.