La audiencia para conocer la medida de coerción contra Ángel Gabriel Capellán e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, investigados por presunto maltrato a menores en Haina, fue aplazada luego de que el Ministerio Público solicitara realizar entrevistas a los niños mediante el sistema de Cámara Gesell.
La defensa de Capellán cuestionó el procedimiento y planteó reparos sobre la forma en que se pretende obtener los testimonios de los menores involucrados en la investigación.
El abogado Luis Carela sostuvo que un menor de edad no debe ser interrogado sin la intervención del juez competente y señaló que la solicitud de realizar las entrevistas mediante Cámara Gesell provocó el aplazamiento de la audiencia.
Según informaciones conocidas durante el proceso, el expediente del Ministerio Público identifica a nueve menores como víctimas directas. Los niños, niñas y adolescentes se encuentran bajo protección de las autoridades mientras avanzan las investigaciones.
Por su parte, el abogado Manuel Soto Lara, quien representa a Capellán, cuestionó que los padres o familiares de los menores no hayan presentado, según afirmó, una denuncia o querella contra su defendido.
La defensa también sostiene que los menores fueron llevados a la fundación con autorización de sus progenitores y rechaza que hayan sido retenidos contra su voluntad.
El Ministerio Público, en tanto, mantiene una investigación por presunto maltrato físico y psicológico, explotación laboral y otros hechos relacionados con las condiciones en que permanecían los menores en un inmueble donde funcionaba la Fundación Restaurando Vida, en Bajos de Haina.
El caso se inició después de que uno de los menores escapara del lugar y acudiera a las autoridades, lo que posteriormente llevó a un operativo en el que fueron rescatados otros niños. Las autoridades han señalado que entre los menores había edades que iban desde meses de nacido hasta la adolescencia.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Capellán y Muñoz Rodríguez, mientras continúan las diligencias para establecer las circunstancias en las que permanecían los menores y determinar las posibles responsabilidades penales.