La comunidad LGTBI se siente herida, tras un decreto supremo publicado por el Ministerio de Salud de Perú que incluye la transexualidad, el travestismo y la identidad de género como enfermedades mentales en el último Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), lo que provocó este miércoles la reacción de activistas y algunas voces políticas.

«Haber incorporado a estas definiciones, que han sido totalmente proscritas en el campo de la salud y derechos humanos, acrecienta la desconfianza que ya hay en el Estado de respeto a las minorías sexuales y por tanto ha merecido el rechazo de la institución», dijo la directora de la ONG Promsex, Susana Chávez.

En un comunicado que la misma institución difundió dos días después, tras el pronunciamiento de organizaciones, aclaró que la diversidad de género y sexual no son enfermedades ni trastornos y explicó que había actualizado el PEAS «para garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental», ya que este listado es el que todas las aseguradoras deben cumplir.

Subrayó que el CIE-10 (la clasificación internacional de enfermedades) se mantiene vigente en Perú, en tanto se inicie la implementación progresiva del CIE-11, tal como ocurre en otros países de la región y que entró en vigor el 1 de enero de 2022 de manera oficial.

En este sentido, Chávez indicó que están «absolutamente en contra» de esta clasificación porque no responde al compromiso que tiene el país de avanzar en las definiciones de la CIE-11 «que justamente aborda los temas de salud sexual y reproductiva fuera del campo de la patologización».

«Además abre las puertas a acciones o actividades que han sido totalmente prescritas como el asunto de las terapias de conversión», añadió la activista al afirmar que desde su organización exigen al Estado que elimine este decreto.

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