Carlos Pimentel fue designado como nuevo Director de Compras y Contrataciones del Estado y, simultáneamente, asumirá la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, según el Decreto 614-24. Esta dualidad en sus funciones ha desatado un intenso debate en el ámbito político y social del país.
La decisión del gobierno ha generado preocupaciones sobre la posible concentración de poder y la transparencia en la gestión de contratos públicos. Críticos argumentan que la acumulación de estas responsabilidades podría comprometer la imparcialidad y la efectividad de ambas instituciones, fundamentales para la gestión de recursos del Estado y la promoción de inversiones.
Pimentel, conocido por su experiencia en el sector, ha declarado que su objetivo es optimizar los procesos de compras y fomentar alianzas estratégicas que beneficien el desarrollo nacional. Sin embargo, la oposición y diversos sectores de la sociedad civil han solicitado una revisión de esta designación, argumentando que la buena gobernanza exige una clara separación de funciones para evitar conflictos de interés.
Designacion viola Ley 47-20
La designación de Carlos Pimentel como director ejecutivo de Alianzas Público-Privadas incumple la Ley 47-20, que establece la creación de dicho organismo. Esto se debe a que Pimentel ya ocupa el cargo de director de Compras y Contrataciones, donde tiene derecho a ser «Juez y parte», lo que implica que asumiría dos roles en el consejo de la entidad.
El artículo 19, numeral 6 de la misma ley señala que la función de director ejecutivo es incompatible con cualquier otro cargo, salvo el de docente.
«No desempeñar ningún cargo o empleo de cualquier naturaleza con excepción de la
actividad docente».
El jurista Francisco (Pancho) Álvarez señala que, aunque el decreto 614-24, que designó en la nueva función a Pimentel modifica la disposición con la cual fue nombrado en Contrataciones Públicas, para que en lo adelante sea «a título honorífico», «no elimina la incompatibilidad» con la ley.
Excepción que establece la Ley 41-08
Según Álvarez, la excepción que establece la Ley 41-08 de Función Pública, que permite a un funcionario ser nombrado en dos instituciones del Estado simultáneamente cuando una de ellas es honorífica, «no es aplicable en casos de incompatibilidad legal, como ocurre en esta situación», dado que la Ley 47-20 lo prohíbe de manera explícita.
Además, sostiene que «no es apropiado» que ambas direcciones, la de Contrataciones Públicas y la Dirección Ejecutiva de Alianzas Público-Privadas, sean ocupadas «por una misma persona» dentro del Consejo.
Aunque reconoce que el decreto presidencial forma parte de los planes de austeridad de Luis Abinader y que la «intención es buena», advierte que se está sobrecargando a Pimentel, quien ya tiene una agenda completa debido a su cargo en Compras y Contrataciones. En este contexto, Álvarez señala que «no sería eficiente añadirle todas las responsabilidades que implica la dirección de las APP (Alianzas Público-Privadas)».
«Pimentel debe concentrarse únicamente en el trabajo que ha venido realizando en la Dirección General de Compras y Contrataciones en los últimos cuatro años «para consolidar su contribución en un tema de tanta trascendencia», como lo es la del órgano rector de compras del Gobierno» sostuvo Alvarez.
Según el decreto la designación busca perfeccionar procesos
El decreto que designa a Pimentel en la dirección de Alianzas Público-Privadas establece que, en un plazo de 12 meses, deberá presentar al Poder Ejecutivo una propuesta detallada para la readecuación estructural y normativa de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP).
Esta propuesta busca optimizar los procesos operativos y regulatorios, alineando ambas instituciones con los objetivos estratégicos del Estado dominicano, para asegurar la eficacia, transparencia y coherencia en la ejecución de las contrataciones públicas y las alianzas público-privadas.
Pimentel reemplaza a Sigmund Freund en la dirección de Alianzas Público-Privadas, quien fue nombrado ministro de Administración Pública en julio pasado.
A medida que la controversia se intensifica, se espera que el gobierno responda a las inquietudes planteadas y aclare cómo se gestionarán ambas direcciones para asegurar la transparencia y el servicio público eficaz.