La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha anunciado los resultados de una tercera investigación que revela nuevas irregularidades en el procedimiento de licitación pública entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam, SRL, relacionada con la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La resolución RIC-169-2023 de la DGCP confirma irregularidades previamente detectadas y revela que el contrato entre el Intrant y Transcore Latam servicios agregó no contemplados en el pliego de condiciones, constituyendo una contratación directa dentro del contrato, en violación a la ley de Contrataciones Públicas.
La DGCP declara la nulidad de pleno derecho de la contratación directa realizada por el Intrant con Transcore Latam, SRL, en relación con la prestación del servicio de recaudación de los controladores de intersecciones, no estipulado en el pliego de condiciones original.
Además, se señala la violación del artículo 3 del Decreto 15-17 sobre el debido proceso en la emisión de certificado de apropiación presupuestaria, y se destaca que el monto de la adjudicación y del contrato supera significativamente al aprobado, comprometiendo recursos estatales más allá de lo autorizado.
La DGCP también verifica que la garantía de fiel cumplimiento del contrato presentado por Transcore Latam es inferior a la requerida, incumpliendo con el requisito de vigencia.
Ante estas graves irregularidades, la DGCP reitera la nulidad del pliego de condiciones y del procedimiento, y sugiere la aplicación de sanciones a los funcionarios y servidores públicos que no cumplieron con las normas del debido proceso.
La resolución será remitida a diversas entidades, incluyendo la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la Dirección General de Impuestos Internos, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Procuraduría Especializada de Persecución. de la Corrupción Administrativa, el Ministerio de la Presidencia, la Unidad de Análisis Financiero, y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, para llevar a cabo investigaciones adicionales sobre los hallazgos. Además, la DGCP anunciará en la próxima semana una resolución adicional que establecerá el proceso sancionador contra la empresa adjudicataria.