La decisión de la Contraloría General de la República de mantener sin publicar los informes de auditorías realizadas durante los últimos cuatro años ha generado cuestionamientos entre organizaciones de la sociedad civil, que consideran necesario garantizar el acceso de la ciudadanía a información relacionada con el manejo de los recursos públicos.
La institución ha confirmado que los resultados de numerosas auditorías permanecen archivados y que su divulgación dependerá de que sean oficializados por el Poder Ejecutivo. La posición fue reiterada en respuesta a solicitudes de acceso a la información realizadas durante este año.
El contralor general, Geraldo Espinosa Pérez, sostiene que la entidad no tiene la obligación legal de publicar estos documentos y fundamenta su postura en las disposiciones de la Ley 10-07, que regula el Sistema Nacional de Control Interno y las funciones de la Contraloría.
Sin embargo, la situación ha provocado preocupación en Participación Ciudadana. Su coordinadora general, Leydi Blanco, cuestionó el uso de la discrecionalidad por parte del organismo fiscalizador y defendió que debe existir mayor apertura sobre los resultados de las auditorías realizadas con recursos públicos.
A estos cuestionamientos se sumó Feliciano Lacen, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, quien consideró necesario investigar las razones por las que estos informes no están siendo divulgados.
La situación cobra mayor relevancia al comparar la cantidad de auditorías realizadas con las que actualmente están disponibles para consulta pública. De acuerdo con los datos, la Contraloría ejecutó 390 auditorías entre 2023 y 2025, pero en su portal solo figuran 38 informes publicados. De estos, apenas tres corresponden al año 2026.
La Ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública, establece que las instituciones estatales deben proporcionar información contenida en documentos que hayan creado o que se encuentren bajo su posesión y control, aunque contempla excepciones para documentos que todavía no tengan carácter definitivo.
Por su parte, la Ley 10-07 establece mecanismos de control político sobre las auditorías, al permitir que el Congreso Nacional solicite al contralor los informes de evaluaciones, investigaciones y auditorías internas debidamente aprobados.
El debate se centra ahora en determinar hasta qué punto la reserva de estos documentos es compatible con las normas de acceso a la información y con el principio de transparencia en el manejo de los fondos públicos.