La Contraloría General de la República informó este lunes, que cuenta por primera vez, con un repositorio digital completo de contratos, órdenes de pago y correspondencias que ha permitido eficientizar sus procesos institucionales y reducir sus tiempos de respuesta a la ciudadanía. 

El hito alcanzado se materializó en dos partes: un histórico, abarcando contratos y órdenes de pago desde 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020, y una sección en línea, actualizada desde el 1ro de enero de 2021 hasta la fecha.

Esto ha sido posible gracias a la previa implementación de los sistemas Trámite Regular Estructurado (TRE) y Transparencia Documental (TRANSDOC) del Proyecto Regional PNUD – SIGOB (Sistema de Gestión para la Gobernabilidad), con los cuales se ha logrado automatizar el registro de contratos públicos y la autorización de órdenes de pagos.

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acompaña a la Contraloría en la ejecución de la iniciativa, especialmente con la vinculación de personal internacional experto en el diseño y montaje de metodologías, procedimientos de gestión, capacitación de recursos humanos e instrumentos de soporte técnico, para la ejecución de proyectos.

Los beneficios concretos de la implementación de esta cooperación han sido: contar con un repositorio digital histórico de contratos, órdenes de pago y correspondencias desde 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020; desarrollar un mecanismo que identifica los registros que cada año se decida enviar al histórico; la optimización de los tiempos de respuesta de la aplicación; y reducción en los tiempos de backup diario;  entre otros.

Estos avances además de mejorar la eficiencia interna de la institución también garantizan una gestión más transparente y segura de la información.

Estos son parte de los resultados del acuerdo de cooperación firmado entre la Contraloría y el PNUD, en diciembre de 2023, para optimizar servicios de desarrollo,  fortalecer las capacidades de gestión, y con ello hacer más rápida, efectiva y transparente la fiscalización interna y la garantía del uso de los recursos públicos.

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