El Consejo Nacional Electoral (CNE) revisará una propuesta de dos magistrados que sugiere presentar cargos contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. Petro ha interpretado esta acción como el comienzo de lo que él denomina como «un golpe de Estado».
Los magistrados Álvaro Hernán Prada, excongresista del partido Centro Democrático, y Benjamín Ortiz, exsecretario general del CNE, también recomiendan llevar a cabo acciones legales contra Ricardo Roa, presidente de la empresa estatal Ecopetrol y exgerente de campaña de Petro en 2022.
Este documento será debatido por los nueve magistrados del CNE en una sesión plenaria, quienes decidirán si lo admiten para continuar con el proceso, lo cual requeriría al menos seis votos a favor, o si lo archivan.
La reacción de Petro ante esta situación fue incendiaria, llamando a la población a levantarse en su defensa, argumentando que se ha quebrantado el orden constitucional del país.
Este caso contra la campaña presidencial de Petro se inició en febrero de 2023 cuando el CNE abrió una investigación preliminar basada en una queja anónima sobre presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral del Pacto Histórico, la coalición de izquierda que llevó a Petro a la Presidencia en 2022.
Petro considera que esta situación es el inicio de un «golpe de Estado», argumentando que la Constitución establece que el presidente de la República no puede ser juzgado por una entidad diferente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
La decisión del CNE ha generado diversas reacciones en Colombia. Algunos críticos, como el expresidente Andrés Pastrana, sostienen que Petro inició el «golpe» al presuntamente recibir financiación irregular en su campaña. Mientras tanto, otros como Alejandro Gaviria, exministro de Educación de Petro, señalan que el presidente busca impunidad al rechazar cualquier investigación en su contra.
En medio de esta controversia, aliados de Petro han calificado la decisión del CNE como un intento de quiebre institucional y un posible golpe de Estado jurídico.