MADRID, ESPAÑA.- El Tribunal Supremo de España condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de €7,200 euros por un delito de revelación de secretos, además de una indemnización de €10,000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El fallo, adoptado por mayoría de cinco de los siete magistrados, será acompañado de votos particulares de Ana Ferrer y Susana Polo, quienes defendían la absolución.
La decisión llega menos de una semana después de que quedara visto para sentencia el juicio por la supuesta filtración de un correo enviado a la Fiscalía por el abogado de González Amador, en el que admitía dos delitos fiscales y proponía un pacto. Ese mensaje se difundió el 13 de marzo de 2024, tras publicarse una versión falsa sobre las negociaciones entre el empresario y el ministerio público.
El Supremo adelantó el fallo sin la sentencia redactada, un hecho inusual que se suma al carácter excepcional de la causa, la primera abierta contra un fiscal general del Estado. Aún no se conocen los argumentos que sustentan la condena, ni si se atribuye al acusado la filtración directa del correo, para la que no existen pruebas concluyentes.
Fuentes jurídicas indican que la sala valoró tanto la divulgación del correo del 2 de febrero de 2024 como la nota informativa emitida por la Fiscalía de Madrid el 14 de marzo, aunque esta última ya contenía datos publicados por la prensa. Los magistrados finalmente apreciaron indicios de delito en la filtración del email y abrieron la causa.
Fallo judicial y próximos pasos
El fallo absuelve a García Ortiz de otros cargos, como prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos. Las magistradas Ferrer y Polo —las dos integrantes de perfil progresista— incorporarán votos particulares.
García Ortiz mantuvo su inocencia durante el proceso y negó haber filtrado el mensaje. Afirmó que “la verdad no se filtra, se defiende”. Pese a haberse negado a dimitir antes del juicio, deberá abandonar el cargo cuando la sentencia sea notificada.
La resolución no admite recurso ordinario, solo un incidente de nulidad ante el propio Supremo, con escasas posibilidades de prosperar. Después, solo quedará la vía del Tribunal Constitucional.
La pena es inferior a la solicitada por las acusaciones, que pedían entre cuatro y seis años de prisión. El tribunal aplicó la mínima multa y dos años de inhabilitación dentro del tipo básico del delito.
Durante el juicio declararon 40 testigos, incluidos periodistas que confirmaron conocer la admisión de delitos de González Amador antes del correo filtrado. Tres confirmaron haber accedido al email, aunque ninguno reveló sus fuentes, amparados en el secreto profesional.
