El exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, uno de los principales implicados en el caso Calamar, afirmó hoy que demostrará ante la opinión pública que no ha cometido ninguna conducta inapropiada durante su tiempo en los gobiernos del expresidente de la República, Danilo Medina.
Frente al tribunal, el exfuncionario, con lágrimas en los ojos, aseguró que no importa cuánto tiempo lleve, los lugares que tenga que visitar o el esfuerzo que deba realizar; su objetivo es demostrar a la sociedad que no hubo corrupción en el Ministerio Administrativo de la Presidencia.
En su discurso, Peralta expresó su descontento por estar en prisión basado únicamente en el testimonio de dos personas con reputación cuestionable, a pesar de sus más de 40 años de servicio tanto en el sector público como privado.
Además, manifestó su preocupación por el hecho de que la justicia no haya escuchado su versión desde el inicio del caso Calamar, lo que lleva a cuestionar el papel del sistema judicial en este asunto.
Declaraciones de José Ramón Peralta
“Peor, a mí se me citó en marzo y en menos de una hora con los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho le explicamos todo lo concerniente al Ministerio Administrativo de la Presidencia, se nos cita a las 4 de la tarde y ya a las 11 de la noche dicen que usted está preso, todo por el testimonio de dos personas, de dudosa procedencia, que parece que son profetas, que lo que ellos dicen eso es así”, se quejó el exfuncionario.
Recuerda que los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta están cumpliendo 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal. Esta medida fue impuesta por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, a principios del pasado mes de abril.
Según el Ministerio Público, el expediente de la Operación Calamar tiene más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas. Estas pruebas detallan cómo los miembros de esta red desviaron más de 17 mil millones de pesos del Estado. Sumando unos 2,100 millones adicionales en deudas administrativas, el total asciende a más de 19 mil millones de pesos.