Según la solicitud de medida de coerción presentada en la Operación Búho, los implicados en la investigación establecieron una compleja estructura dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera (Coop-Herrera) que respondía a las decisiones del administrador general, Jorge Eligio Méndez. Esto les permitió usar los fondos de los socios para adquirir lujosos bienes que ocultaban a través de empresas.
El Ministerio Público pidió la prisión preventiva como medida de coerción para los siete directivos de Coop-Herrera detenidos en relación con un fraude de aproximadamente 2,500 millones de pesos. La solicitud también plantea que el proceso se declare como de tramitación compleja.
La estructura mencionada estaba directamente vinculada al presidente de la cooperativa, quien posteriormente se convirtió en Administrador General. Esta estructura incluyó a miembros de confianza y familiares en áreas clave de la cooperativa, permitiendo así el manejo de los fondos de los socios como si fueran de su propiedad.
Méndez y sus asociados en Coop-Herrera, según la solicitud, emplearon documentos falsos como garantía para obtener préstamos millonarios que nunca se reembolsaron. Se llevaron a cabo reestructuraciones ficticias de préstamos para mostrar balances financieros positivos en los informes, a pesar de que no se pagaron las cuotas correspondientes.
La red de socios involucrados en esta estructura creaba préstamos falsos que luego se distribuían en cuentas vinculadas, generando así certificados financieros sin respaldo. Los intereses generados se utilizaban para fines diversos, incluyendo la nómina de empresas relacionadas.
Se realizaron compras de villas, vehículos de lujo, yates, programas de radio y otros activos utilizando como forma de pago certificados financieros sin garantía respaldados por Coop-Herrera. Estos bienes se registraban a nombre de empresas o de terceras personas cercanas a los miembros de la estructura criminal.
Para simular informes financieros favorables, se emitían cheques de grandes sumas en los últimos días de diciembre, pero eran devueltos por falta de fondos en enero. Esta operación creaba la ilusión de liquidez en los informes financieros al cierre.
Además, se falsificaban certificados de depósitos a plazo fijo para mostrar liquidez ficticia, lo que constituyó una falsificación de valores o títulos. Estas acciones tenían como objetivo alterar los estados financieros para seguir atrayendo socios e inversiones y garantizar la continuidad de las operaciones fraudulentas.
Para blanquear el dinero y bienes adquiridos, la red diversificó sus actividades económicas, comprando programas de radio, agencias de viajes y negociando acciones en bancos múltiples. También se alteraban los sistemas incorporando datos falsos, haciendo parecer que las cuentas de ahorro de ciertos socios habían recibido sumas en efectivo que nunca ingresaban a la cooperativa.